Fiscalía acusó a tres de los señalados en caso de corrupción de Centros Poblados, ¿qué papel cumplieron?

En agosto de 2021 se reveló en Colombia el caso de corrupción de Centros Poblados que generó un desfalco al país, de aproximadamente $70.000 mil millones de pesos.

El proyecto que tendría como objetivo llevar conectividad a las escuelas rurales del país más apartadas, puso en el ‘ojo del huracán’ a la exministra de Tecnologías de la Comunicación y Telecomunicaciones, Karen Abudinen, puesto que el proyecto fue suscrito entre esta cartera y Centros Poblados.

Tras años de investigación, el 11 de enero la Fiscalía General de la Nación, acusó a tres de los señalados involucrados en los actos de corrupción detectados en el millonario contrato.

A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que de acuerdo con el material de prueba el empresario Ottomar José Lascarro Torres y el corredor de seguros, Juan José Laverde Martínez, serían responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado. Por otro lado, Juan Carlos Cáceres Bayona, estaría involucrado en el delito de peculado por apropiación.

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¿Qué papel cumplió cada uno de los involucrados?

La investigación que fue liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción estableció que Laverde Martínez cumplió con la tarea de ser intermediario, para que Lascarro Torres prestara el nombre de dos de sus empresas para crear la Unión Temporal Centros Poblados. Así, se acreditó la suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de conectividad.

Con todo este entramado, al parecer, se habría hecho incurrir en error a funcionaros del MinTic que expidieron la resolución y avalaron el giro por $70.000 millones de pesos.

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Las pruebas recogidas dan fe de que parte del dinero se usó para fines distintos al contrato. Por ejemplo: $9.062 millones de pesos habrían sido destinados por Cáceres Bayona para adquirir inmuebles, vehículos así como préstamos a terceros. Al parecer, 300.000 mil dólares fueron usados por Emilio Tapia Aldana para cubrir el pago de las comisiones que habrían sido acordadas por la compra de la experiencia de las empresas de Lascarro Torres y la posible intermediación de Laverde Martínez.