Justiciamarzo 09, 2021hace un año

Emiten fallo condenatorio contra exmagistrado Francisco Ricaurte por corrupción

La Fiscalía General de la Nación demostró que promovió y dirigió una organización criminal que intercedió en procesos penales contra aforados constitucionales.

En un juicio, la Fiscalía General de la Nación demostró que el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, al igual que otros funcionarios judiciales y un grupo de abogados, “promovió y dirigió una organización criminal” la cual recibió dádivas a cambio de interceder en procesos penales adelantados contra aforados constitucionales.

“El juez 10° Penal de Circuito de Bogotá avaló los elementos probatorios y testimonios obtenidos, y emitió sentido de fallo condenatorio contra Ricaurte Gómez por los delitos de: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias”, detalló la Fiscalía.

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Según el ente acusador, en la red de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los pagos de los procesados que él mismo contactaba; también detalló que, por cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte y otras personas, quienes estaban encargados de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales con el objetivo de manipular las decisiones y favorecer a los procesados.

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Al parecer, dos de los eventos están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo.

En uno de ellos ellos, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, habría entregado una suma de 1.200 millones de pesos para “dilatar, archivar o prescribir” la investigación que pesa en su contra por los presuntos nexos con grupos paramilitares y en el que Ricaurte habría recibido $400 millones.

En el otro caso, el exsenador Musa Besaile habría pagado $2.000 millones para detener una orden de captura en su contra, movimiento por el que al exmagistrado le habrían correspondido $250 y 290 millones.

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Adicionalmente, un tercer caso está relacionado con $30 millones que, presuntamente, habría pagado el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, para dilatar un proceso en su contra por supuesta corrupción.

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