¿Bienestar Familiar? Pilas con algunos contratistas | Por: Andrés F. Hoyos

Por: Andrés F. Hoyos E.*
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Hace un par de meses se advirtió que la Contraloría General había encontrado varios hallazgos y escándalos correspondientes a un plan alimentario del Bienestar Familiar que otorgó 28 mil raciones de alimentos a 15 mil niños reportados muertos.

El escándalo, que brilló por los sucesos macondianos y desvergonzados, hablaba de casos como el de una señora en Chimichagua, Cesar, que reportó 172 hijos.

De verdad el corrupto que llenó la lista no se preguntaría: ¿de verdad pongo acá 172 hijos? algo así como la historia del “machoman” del 97, ¿se acuerdan? Aquella juguetona doña en el barrio Nueva Colombia, en Barranquilla, que le hizo creer a su compañero y al país entero, que su barriga de trapo era de 9 hijos, que hoy tendrían 24 años, los mismos que seguramente estarían también sin filtro ni suspicacia, sólidos en el listado de beneficiarios de esta institución.

Y es que por más que se rinda el jugo de naranja con agua para efectos del despertar de la creatividad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene muchas explicaciones para dar, no solo en casos de desvío de recursos y escándalos como este que mencionamos, sino también con el otorgamiento de algunas licencias de funcionamiento para oferentes que no tienen ni idea, ni experiencia, ni infraestructura para el manejo de las guarderías regionales en los rincones del país.

Los directivos de la entidad, que con juicio en el mes de diciembre reciente anunciaron rigurosas investigaciones en Magdalena, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Cesar, Córdoba y Norte de Santander, deben darle un urgente vistazo a algunos oferentes que en Medellín, Cali, Pasto y otras ciudades, desbancaron obras y fundaciones loables, con distinción técnica, de buenas prácticas contractuales y tradición de decenas de años, por contratistas sin experiencia, sin instalaciones, sin recursos y sin personal para atender a los niños que venían en una dinámica educativa exitosa.  

Estos actos reprochables, que ya no sorprenden, afectan a comunidades enteras que desde el año pasado no han podido darle ningún tipo de educación a sus hijos, me refiero a virtual, presencial o de alguna forma; ya que algunas guarderías no pueden funcionar en sus propias instalaciones debido al otorgamiento a operarios fantasma que fácilmente podrían ser expertos en llenar de trapo la barriga de la mamá de los 172 hijos registrados en el ICBF.   

Nuestras entidades públicas no pueden convertirse en los gurús de la corrupción, mientras se ponen el disfraz de la virgen de la inocencia. Estamos hablando de niños desprotegidos, usados como carnadas para llenarse sus asquerosos bolsillos a cuestas del hambre, de la falta de educación, y de los inconvenientes de un entorno familiar vulnerable que no tiene opción diferente a la de renunciar a su trabajo para cuidar a sus hijos. Ninguna corrupción es buena, pero no sean tan infelices de seguir maltratando y violentando a lo verdaderamente intocable: los niños.

Una oportunidad que hoy se le quite a ellos, (los niños) necesariamente se convertirá en un problema social de magnitudes que no imaginamos.

*Comunicador social y periodista. Asesor de comunicaciones estratégicas y columnista

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