Apareció la cultura de la ilegalidad, la mitomanía y el narcisismo

El ejercicio de la política suele ser tildado de sucio, desleal y traicionero y no se puede negar que estas características han estado presentes en la política colombiana. Sin embargo, en la actual coyuntura electoral parecería que se ha ido aún más allá, con nuevas demostraciones de la degradación de ese ejercicio.

Algunas de esas demostraciones parecerían ser meramente anecdóticas, como cuando el candidato Petro se presenta en una tarima diciendo que es el “Jesús humano” y cuando afirma haber hecho un “pacto con Satanás”, personaje perverso -así definido en el diccionario de la RAE-. No está claro qué quiso decir el candidato, pero salta a la vista que, para su ascenso al poder, “todo vale”, incluyendo acuerdos con toda clase de personas, delincuentes o no, pues no otra cosa se infiere del ofrecimiento del “perdón social”, que tanta controversia ha suscitado, y de los apoyos que ha recibido por parte de grupos al margen de la ley, apoyos que le parecen aceptables cuando se trata de su causa, pero censurables cuando se trata de la de otros candidatos.

Al lado de esos episodios anecdóticos, que no deben tener muy contentos ni a Jesús ni a Satanás, existen otras demostraciones de la degradación política, estas sí verdaderamente preocupantes.

Me refiero, en primer lugar, a la reacción del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con ocasión de la suspensión provisional de su cargo, decretada por la Procuraduría General de la Nación.

El alcalde de Medellín, en lugar de reconocer que violó la prohibición legal existente de intervenir en política, asumió un papel de víctima, calificó la decisión como un golpe de estado e invitó a lo que denominó “resistencia democrática”, que en la práctica se ha traducido en (i) demostraciones de rechazo al alcalde encargado, provenientes del gabinete del alcalde, de algunos funcionarios de EPM y de miembros del Concejo Municipal; (ii) convocatoria a manifestaciones e (iii) invitación a la toma de La Alpujarra, hecha por el sindicato de ADEM, todo para obstaculizar la gestión del alcalde encargado. El asunto llegó al extremo de que 15 computadores de la Secretaría de Hacienda fueron sacados de esas dependencias, de noche, quién sabe con qué propósito. Una actitud muy distinta a la asumida por el alcalde de Ibagué, también suspendido provisionalmente.

En esa oposición han predominado la grosería, la mala educación, la ausencia de decoro, en grado tal que uno de los secretarios de gabinete se presentó a reunión con el alcalde portando camiseta con la estampa del rostro de Quintero y que la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal le hizo un desaire al nuevo alcalde no asistiendo a un desayuno al que fueron invitados.

El alcalde encargado debe demostrar que está en capacidad de gobernar y de no fracasar en su encargo y si para ello debe prescindir de los servicios de algunos funcionarios, no debe titubear en hacerlo.

La Ley es para ser respetada y no para ser violada cuando quiera que el capricho del servidor público lo mueva a violentarla. Los servidores públicos están llamados a dar ejemplo y a mostrarse respetuosos con la Ley y la institucionalidad. Desafortunadamente, no ha obrado con mesura el alcalde Quintero.

La Procuraduría adoptó una decisión en derecho y dentro del marco de sus competencias, que debe ser acatada y que es merecedora del apoyo y solidaridad de todos los estamentos de la sociedad. Una decisión adoptada sin miramientos políticos, ni conveniencias o cálculos de esa naturaleza, sino con fundamento en la Ley y en los hechos.

Otra muestra de degradación en el ejercicio de la política tiene que ver con lo sucedido en las pasadas elecciones al Congreso de la República, que ha suscitado fundados y comprensibles temores sobre lo que sucederá en las próximas elecciones presidenciales.

Hemos de recordar que el propio Registrador aludió a la existencia de un “posible dolo” de los jurados de más de 5.000 mesas de votación y a la instrucción que, según él, dio el candidato Petro a sus testigos electorales para llenar los formularios E14 de tachaduras y asteriscos. La senadora Milla Romero informó, basada en datos suministrados por la Registraduría, que el número de jurados de votación correspondientes a agrupaciones políticas arrojó una enorme desproporción en favor del Pacto Histórico, cuyo número fue de 23.384, mientras que a los demás partidos correspondió un número significativamente menor: al Partido Conservador, 6.371; a la U, 4.797; Cambio Radical, 3.580; al Partido Liberal, 2.582 y al Centro Democrático, 1.798. Nadie ha explicado si esa manifiesta desproporción tuvo que ver con el hecho de que el escrutinio benefició fundamentalmente al Pacto Histórico, al que se le aumentó en forma importante su cuota de congresistas. El porcentaje de jurados estudiantiles y jóvenes fue alto: 57% del total de jurados, mientras que el de los no jóvenes fue de 21%.

Hay también denuncias de irregularidades de diverso orden, producto del titánico y acucioso esfuerzo de un equipo de personas liderado por Sergio

Alzate, que aluden al hallazgo de 3.000 jurados inhabilitados, 3.000 jurados habilitados para votar dos veces, existencia de patrones de alteración en el software adquirido a Indra, en tal forma que el 82% de votos nuevos se le asignaron al Pacto Histórico; aproximadamente un 80% de los documentos electorales, encontrados con inconsistencias; manipulación de formularios E14, problemas de seguridad y de objetividad en el software adquirido a Indra, 30.000 mesas de votación con graves inconsistencias, entre otras denuncias. Además, la Fundación Colombia Transparente hizo entrega de más de 600 archivos de pruebas en las que dice haber detectado 849 fallas, que la condujeron a denunciar por fraude las elecciones.

Estas graves y serias denuncias están en manos de las autoridades competentes, pero falta muy poco para la elección presidencial. A todo ello hay que agregar que existen zonas vedadas para casi todos los candidatos o en las que existe una presión armada para votar por solo uno de ellos, lo que obliga a preguntarse si la votación en esas zonas debería suspenderse. La otra cuestión es si las autoridades actuarán oportunamente y si adoptarán las medidas que garanticen la transparencia de las elecciones, el voto libre y un normal discurrir democrático, que evite el fraude y sancione duramente cualquier intento de cometerlo.