El debate sobre la reforma pensional

El presidente de la República volvió a poner el tema pensional en el centro del debate nacional por cuenta de unas declaraciones realizadas tras la posesión de varios funcionarios. No dijo nada muy distinto a lo que ya había anunciado en campaña. Es decir, que quiere hacer una reforma pensional con dos objetivos.

En primer lugar, rediseñar la estructura del sistema que permita superar la competencia entre regímenes por el aseguramiento de la vejez y transitar hacia un modelo único y complementario con reglas uniformes. Es decir, introducir el famoso sistema de pilares. En ese sistema, el primer piso de protección estaría a cargo de Colpensiones y el segundo a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Acá hay un detalle que ha pasado inadvertido. A diferencia de las declaraciones de campaña, el último anuncio del presidente no precisa la distribución exacta de los pilares. En otras palabras, no indica cuál sería el tamaño del primer pilar (1, 2, 3 o 4 salarios mínimos). Parece ser que la puerta a la negociación está abierta.

El segundo objetivo de la propuesta es aliviar el déficit de aproximadamente 18 billones de pesos que hoy en día tiene el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. De esa manera, el Estado podría financiar un subsidio de medio salario mínimo a los más de 3 millones de colombianos que, estando en edad de pensión, no reciben ningún ingreso (o reciben apenas 80 mil pesos mensuales). Con esa reforma, el gobierno podría matar dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, lograría una cobertura universal de vejez según estándares internacionales. Por otro lado, ubicaría a esa población por encima de la línea de pobreza.

La restructuración del sistema de protección social toca muchas fibras e intereses. Por tanto, a raíz de las declaraciones del presidente se revivió una discusión que lamentablemente se ha vuelto a centrar en un argumento muy pobre, según el cual esta propuesta de reforma “expropia” los ahorros de los cotizantes al régimen de ahorro individual. Es decir, que el gobierno se va a tomar el stock de ahorro actual en ese sistema que, sumado, llega a los 350 billones de pesos aproximadamente. Sin embargo, como he sugerido en varias oportunidades, el tránsito hacia un régimen unificado no implica necesariamente la captura de esos recursos. Por lo demás, una medida de ese corte es abiertamente inconstitucional. Por tanto, esa insinuación parece ser producto del alarmismo y el oportunismo con el objetivo de desviar el debate e impedir su desarrollo. Es importante no caer en esa trampa.

Hay críticas más sofisticadas a esas propuestas que merecen mayor discusión. Quiero traer a consideración dos ejemplos que expuse brevemente en marzo. En primer lugar, la posible recreación de una injusticia  del sistema administrado por Colpensiones en el posible primer pilar: la transferencia de recursos de los menos a los más favorecidos. Esa crítica apunta a discutir dos cosas que van de la mano: tanto el tamaño del primer pilar como su distribución de riesgos. Un primer pilar muy alto (más de 1.5 salarios mínimos) con una distribución de riesgos similar al del sistema administrado por Colpensiones podría terminar reproduciendo ese fenómeno, que no parece tener justificación en un nuevo sistema.

En segundo lugar, el caso de un posible escenario de injusticia intergeneracional. En este caso la pregunta a formular es hasta qué punto es deseable depender exclusivamente de las promesas de formalización (como en 1993) para enfrentar el desafío demográfico a mediano y largo plazo de nuestra población, omitiendo la introducción de medidas explícitas que pudieran contrarrestarlo. El ejemplo que puse en su momento es el de un fondo de amortiguamiento. Se trata de un mecanismo de acumulación y ahorro colectivo nutrido tanto por el superávit pensional como consecuencia del tránsito hacia un régimen de pilares (con un pilar de 1 a 1.5 salarios mínimos), como por otros posibles ingresos. En el momento en que la pirámide demográfica se invierta, ese fondo garantizaría el pago de al menos una parte de las pensiones del primer pilar. Esa medida posibilitaría un disfrute de derechos pensionales razonablemente similar a través del tiempo. 

Hay otras variables que también deben discutirse en el marco de esta reforma. Por ejemplo, las disfuncionalidades del mercado de trabajo, la concepción sobre derechos adquiridos de nuestra legislación o el del Fondo de Garantía de Pensión Mínima o el programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo hoy en día, y no concentrar nuestros esfuerzos en esquivar las balas del oportunismo facilista que nos ha impedido avanzar en la discusión de cómo mejorar la estructura de nuestro esquema de protección a la vejez.  

@KevinHartmannC