Barbosa y la independencia de poderes

Se suele pensar equivocadamente que la esencia de la democracia son las elecciones. Basta observar regímenes abiertamente autoritarios donde se llevan a cabo procesos electorales con la sola intención de legitimar a la fuerza a un establecimiento espurio (Saddam Hussein en Irak, actualmente Daniel en Nicaragua o Alexander Lukasenko en Bielorrusia), para entender hasta qué punto lo anterior es rebatible como engañoso. La democracia ha consistido en la separación de poderes desde su concepción moderna. Por eso la discusión sobre la probidad de Francisco Barbosa y sus tensiones constantes con el gobierno de Gustavo Petro son definitivas para la democracia colombiana.

No se trata de un simple “choque de trenes” como suele evocarse, pues no son sanos disensos sobre temas enmarcados en la pluralidad, sino de graves acusaciones y de una agenda política por parte de la cabeza de una entidad que forma parte de la rama judicial, pero cuyas actuaciones no parecen orientadas por la justicia, sino por un proyecto político de claro tinte ideológico.

Durante la administración de Iván Duque ocurrió un hecho tan preocupante como revelador acerca de la terna que terminó presentando a la Corte Suprema de Justicia para la designación de un Fiscal General. Se trató del entonces director de la Agencia para la Defensa del Estado, Camilo Gómez; su secretaria jurídica, Clara María González Sabana y quien había sido su alto consejero para los derechos humanos, Francisco Barbosa. Para proceder, Duque, su ministra de Justicia, Margarita Cabello (hoy procuradora) y la directora encargada del DNP, María Paula Correa, derogaron el decreto 450 de 2016 que establecía 6 etapas para conformar la terna y lo simplificaron adoptando el decreto 1163 de 2019.

Barbosa fue elegido a pesar de que no tenía ninguna experiencia en el derecho penal, tampoco asomaba recorrido alguno en temas que fueran de la entraña de las funciones de un fiscal general. Abogado de formación, luego se especializó en historia, derecho público y en relaciones internacionales, pero su mérito más sobresaliente fue la confesa cercanía con el entonces mandatario.

Desde antes de la elección de Petro, Barbosa había dado de qué hablar. A mediados de 2021, entre la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, en uno de los momentos más críticos de la coyuntura colombiana por el asesinato sistemático de líderes sociales, sorpresivamente viajó a ese país a entrevistarse con su homóloga Diana Salazar y contribuir con las acusaciones contra el candidato de izquierda Andrés Arauz. Las sindicaciones consistían en que supuestamente recibía apoyo del Ejército de Liberación Nacional y se basaban en un video que terminó siendo alterado y preparado única y exclusivamente para desprestigiar al ecuatoriano. En la actualidad hay una demanda interpuesta contra Barbosa por esos hechos.

El actual Fiscal tampoco ha encontrado reparos en definirse como el “mejor fiscal de la historia”, la persona “más preparada de su generación”, y lo más grave, como un funcionario “que no tiene jefe”. Esto es aún más grave si se toman en cuenta las revelaciones de la Revista Cambio sobre quejas de empleadas de la Fiscalía al servicio de la familia de Barbosa y quienes cumplirían extensas jornadas, incluso de 16 horas. Lo anterior, más que una anécdota sobre el acostumbrado autobombo exceso de los políticos, es una confirmación de la ausencia de convicción democrática y una riesgosa postura en la que se piensa que algunas de las ramas del poder público están por encima de otras. La superposición de cualquiera, en este caso el poder judicial, supone el asomo del autoritarismo, fantasma que ya vivió Colombia en épocas recientes.  

El capítulo más reciente del desmedido poder de Barbosa ha sido la captura de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez. Ningún político colombiano puede determinar su culpabilidad o inocencia por lavado de activos y financiación ilegal de la campaña política, pero se puede exigir en el marco del Estado de derecho respeto por las garantías al debido proceso. En varios de los casos más sonados del último tiempo no parece haberlas con Barbosa. La terquedad para que precluyera el proceso contra Álvaro Uribe contrasta con las desmesuradas ruedas de prensa a propósito de las acusaciones contra Laura Sarabia por el sometimiento de su niñera al polígrafo o el despliegue para la captura de Nicolás Petro y Vásquez.  

Tal arresto es la comprobación tanto del desprecio del actual fiscal por el derecho como su intención de forjar un proyecto político, ideal que podría ser legítimo, de no ser porque se está utilizando a la Fiscalía como trampolín. La libertad es la regla general y las capturas solo se ordenan cuando existan indicios de que pueda ocurrir una evasión o fuga. En este caso, tanto Nicolás Petro como Daysuris Vásquez se encontraban colaborando con el proceso. También es diciente que el propio mandatario, al conocerse la captura, hubiese manifestado respeto por la independencia de poderes. Incluso cuando se hicieron públicas las acusaciones hace varios meses, pidió a la Fiscalía investigar a su hijo y a su hermano envueltos en el escándalo.  

El diseño constitucional del 91 fue consensuado para mantener la independencia de los poderes públicos como base del Estado de derecho y la democracia. Sin la convicción que corresponde a cada funcionario será imposible mantenerlos. La lección tras el paso de Barbosa por la Fiscalía es contundente: las ternas deben representar probidad e independencia, de lo contrario, el daño a la democracia es difícilmente reparable.

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212