Incentivos perversos

Durante la década de 1960, muchos grupos terroristas se especializaron en secuestrar aviones. La respuesta de los gobiernos—principalmente de Estados Unidos y Europa—fue instalar detectores de metales en los procesos de abordaje. ¿Qué hicieron los grupos terroristas? Como documentan Enders y Sandler (1993), estos grupos cambiaron de estrategia, y se enfocaron en tomar rehenes en otro tipo de infraestructura—como hoteles o escenarios deportivos.

Durante la década de 1980, alrededor de tres cuartas partes del tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos se movía por el Caribe. En respuesta a esto, el gobierno americano lanzó la Operación Swordfish—una ofensiva mayor contra los carteles colombianos. ¿Qué ocurrió con el tráfico? Como documentan dos reportes de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca (2001) y Naciones Unidas (2010), las drogas continuaron entrando a Estados Unidos—el precio mayorista se redujo un 75% durante esta década, a pesar del aumento en la demanda. El cambio se dio en la ruta: para comienzos de los 1990, más de la mitad de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos lo hacía por la frontera con México. 

Durante la década de 2000, el gobierno colombiano introdujo reconocimientos monetarios y no monetarios para militares que lograran bajas en combate. ¿Qué hicieron algunos miembros del Ejército y las Fuerzas Armadas? Como documentan Acemoglu y coautores (2020), muchos militares asesinaron jóvenes—principalmente de bajos ingresos—y los vistieron de insurgentes para acceder a los beneficios.

Durante la década de 2010, en la negociación con las Farc, el gobierno colombiano anunció incentivos materiales para cultivadores de coca que estuvieran dispuestos a cambiar sus cultivos por alternativas legales. ¿Qué hicieron las Farc y algunos campesinos? Como documentan Prem y coautores (2021), el anuncio impulsó el cultivo de coca, llevando la producción potencial de cocaína en Colombia a sus máximos niveles históricos.

Es decir, los miembros de grupos criminales y terroristas—como las personas en general—responden a incentivos. El nuevo gobierno de Gustavo Petro ha realizado diversos anuncios de cambios en políticas públicas que parecen tener un elevado riesgo de generar incentivos perversos. Por ejemplo: (i) no utilizar la extradición como herramienta disuasiva puede derivar en organizaciones criminales menos temerosas de un eventual castigo, llevando a una mayor actividad criminal; (ii) la suspensión de órdenes de captura contra conocidos líderes criminales puede tener un efecto similar; (iii) el establecimiento de zonas de distensión con organizaciones criminales facilitaría el desarrollo y consolidación de estas estructuras en los territorios que controlan; o (iv) la suspensión de bombardeos en zonas donde se presuma la presencia de menores podría incentivar el reclutamiento de niños y niñas en las filas del crimen organizado.

Un asunto no menor pasa por la simultaneidad de estos cambios de enfoque en la política pública. Cada uno de estos anuncios—que no son una lista exhaustiva de lo que se ha comunicado—puede derivar en mayor poder por parte de las organizaciones criminales. Todas—en conjunto—se pueden complementar, llevando a las estructuras criminales del país a tener una fuerza que el Estado colombiano no va ser capaz de contener. Aquí lo crítico, y mi solicitud al gobierno, consiste en tener una política integral que incorpore el análisis de posibles efectos adversos cuando se hacen anuncios o se implementan políticas.

@SantiagoTobon
Profesor de la Universidad EAFIT