Dan casa por cárcel a policías acusados de recibir comisiones por imponer comparendos

Un juez de garantías le concedió casa por cárcel a un mayor de la Policía, cuatro patrulleros y dos funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Soacha, capturados por presuntas comisiones ilegales para imposición de comparendos.

Según el juez, a pesar de ser un peligro para la sociedad, las siete personas deben permanecer en sus hogares por posibles contagios de covid-19 en las cárceles.

El Mayor de la Policía, David Leonardo Uribe Alarcón, y otros tres patrulleros de la Policía de Tránsito, fueron afectados con una medida de aseguramiento que deberán cumplir estrictamente en su domicilio.

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La decisión fue tomada por un juez de garantías de Soacha al resolver la situación jurídica de los uniformados que incurrieron presuntamente en los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

Pese a que son delitos muy graves contra funcionarios del Estado, el juez les concedió la casa por cárcel argumentado que es un riesgo enviarlos a un centro penitenciario por el posible contagio de coronavirus, que sigue afectando de manera preocupante a la población carcelaria en el país.

Sin embargo, el juez en la decisión aseguró que estos policías que al parecer recibieron comisiones para imponer de manera ilegal cientos de comparendos e inmovilizaciones de vehículos, abusaron de su poder y usaron su uniforme para cometer delitos muy graves.

El funcionario judicial, en la misma providencia, ordenó que a Luz Adriana Baquero, funcionaria de la oficina de registro de la Secretaría de Tránsito de Soacha y su cómplice, el operador de grúas Carlos Arturo López, se les debe conceder la casa por cárcel.

La Fiscalía reveló en la imputación de cargos y medida de aseguramiento que los policías y los funcionarios de la unidad de Tránsito conformaron presuntamente una red criminal. El mayor y los agentes recibían un promedio semanal de 25 millones de pesos por imponer comparendos en forma ilegal a los habitantes de Soacha y los conductores que salían de viaje hacia las zonas turísticas de Girardot y Tocaima.

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La Fiscalía apeló la determinación que tomó el juez e indicó que estas personas deben de estar en la cárcel, pues su comportamiento es reprochable y utilizaron el uniforme de la Policía para cometer delitos y abusar de la autoridad.