Colombiajulio 05, 2022hace un mes

Excongresistas demandaron al Estado por reducir sus pensiones a 25 salarios mínimos

Más de 50 exparlamentarios presentaron un recurso ante la CIDH por la reducción de sus mesadas tras el tope fijado por la Corte Constitucional.

Excongresistas demandan al Estado por disminuir pensiónExcongresistas demandan al Estado por disminuir pensión/Foto: archivo Noticias RCN.

Un grupo de 53 exparlamentarios colombianos presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra de la sentencia C-258 del 2013, mediante la cual se fijó un tope de 25 salarios mínimos para las megapensiones.

Muchos de estos demandantes pelean porque pasaron de recibir pensiones que oscilaban entre los 30 y 40 salarios mínimos, a los 25 salarios tras lo dispuesto por la alta corte. Sin embargo, el Gobierno confía en salir bien librado pues, en ocasiones anteriores, varios excongresistas han intentado lo mismo ante la CIDH sin tener éxito.

La demanda actual, encabezada por María Alicia Cabrera, busca que se determine al Estado como responsable de violar los derechos a la seguridad social y a la propiedad. Además, los demandantes exigen que se restablezca el valor de su pensión a los montos que recibían antes de la determinación de la Corte.

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De ganar la demanda contra el Estado colombiano, Fonprecón, entidad encargada de pagar sus pensiones a los congresistas, tendría que liquidar cerca de $80.000 millones.

¿Quiénes son los excongresistas demandantes?

Entre los 53 precursores de la demanda contra el Estado se encuentran el exsenador y exgobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena; Germán Huertas Combariza, Maria Isabel Mejía Marulanda, Alberto Santofimio Botero y Pablo Victoria Wilches.

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Asimismo, aparecen nombres como los de los ex congresistas Heraclio Fernández, el fallecido Edmundo López Gómez, Alberto Rojas Puyo, Dagoberto Emiliani Vergara, Hugo Castro Borja, María del Socorro Bustamante y María Consuelo Durán de Mustafá.

Por el lado del Estado colombiano, la defensa estará a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.

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