Fiscalía pidió cárcel para abogada del Distrito por supuestos nexos con el ELN

Para corroborar la solicitud, el delegado del ente de investigación advirtió que en su lugar de residencia le fueron encontrados panfletos y documentos alusivos a la organización subversiva.

De la misma manera, fueron aportadas al estrado fotografías de dos cajas que contenían el material explosivo y el cual fue transportado hasta la Universidad Nacional el 20 de mayo de 2015, día de los disturbios en los que resultaron heridos nueve agentes antimotines de la Policía Nacional.

En desarrollo de estos hechos, los vigilantes del centro universitario reconocieron a Paola Andrea Salgado como una de las integrantes del grupo de rebeldes involucrados en el transporte de 810 papas explosivas.

La abogada se expone a una pena mínima de 21 años de prisión en caso de ser hallada responsable de los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso exclusivo de  las Fuerzas Militares y violencia contra servidor público.

Por estos hechos y los registrados en el 2014, la Fiscalía pidió cárcel contra Lizeth Johana y John Fernando Acosta, Félix Mauricio Ariza, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Sergio Esteban Segura, Daniel Eduardo Hernández Muñoz, alias Gaby y Andrés Felipe Rodríguez Parra.

Asimismo, durante el trámite judicial exigió que fueran enviados a prisión por su peligrosidad y gravedad de los delitos, David Camilo Rodríguez Hernández, alias el Profe; Heiler Anderson Lamprea, alias Mechudo, y Gérson Alexánder Yucumá Ruíz, alias Nicolás; como presuntos responsables de rebelión en concurso con terrorismo y violencia contra servidor público.

Según el Fiscal del caso, uno de los vigilantes de la Nacional, quien encontró los artefactos explosivos, durante una entrevista señaló que ha sido amenazado mediante panfletos a nombre de Victoria, Combate. Llamarada ML, Unión Camilista Revolucionaria.

En otra ocasión fue perseguido por una mujer hasta cerca de su lugar de residencia, anotó el fiscal al hacer referencia a lo dicho por el testigo sobre las amenazas recibidas luego de la incautación del explosivo.

En uno de los allanamientos realizado en la vivienda del procesado Andrés Felipe Rodríguez Parra, fue encontrado el que sería radio teléfono hurtado al grupo de celadores del claustro educativo el cual correspondía a las mismas especificaciones, referencia y serial al hurtado a los vigilantes de la Universidad.

La decisión será tomada por el juez en las próximas horas tras valorar los argumentos esgrimidos por el representante del ente acusador por tratarse de personas presuntamente peligrosas para la sociedad, la posible obstrucción a la justicia y su no comparecencia a los estrados judiciales en caso de permitírseles recobrar la libertad.