Suspenden licencias de 31 empresas de seguridad privada en Colombia por infiltración criminal
Autoridades revelan patrón de uso de licencias legales para actividades ilícitas y anuncian nuevas sanciones en el sector de vigilancia privada
Noticias RCN
11:20 a. m.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada destapó un caso de infiltración criminal en empresas de seguridad privada en Colombia, tras anunciar la suspensión de 31 licencias de funcionamiento.
El superintendente Larry Álvarez Morales explicó que las investigaciones evidenciaron un patrón preocupante: empresas que obtienen licencias legales para operar dentro del sector de vigilancia privada, pero que posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales.
Empresas sancionadas y expansión de investigaciones
Dentro de las decisiones adoptadas, se encuentran sanciones contra compañías en diferentes regiones del país, incluyendo Barranquilla, donde fueron canceladas en fallo de primera instancia las licencias de Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda.
Además, la Superintendencia informó que al menos ocho empresas adicionales serán sancionadas próximamente como resultado de investigaciones en curso.
Las autoridades también confirmaron que, en el marco de procesos judiciales, se han identificado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos, así como personal relacionado con estructuras criminales. Estas prácticas estarían asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales.
Control del sector vigilancia en Colombia
El superintendente Álvarez destacó que el sector de la vigilancia privada es clave para el país, al generar empleo para más de 360.000 familias. En ese sentido, reiteró que la mayoría de las empresas operan dentro de la legalidad, pero advirtió que cualquier compañía que incumpla la ley será sancionada con todo el peso institucional.
La Superintendencia enfatizó que continuará implementando un enfoque de vigilancia basado en inteligencia, analítica de datos y articulación interinstitucional, con el objetivo de garantizar que los servicios de seguridad privada operen bajo los más altos estándares de legalidad y transparencia en Colombia.
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