La odisea de Colombia: 27 años intentando llegar antes que el desastre

El terremoto de magnitud 7.4 dejó, al 21 de agosto, 476 municipios afectados en 15 departamentos, 321 personas fallecidas, 4.595 heridas y 257 desaparecidas. Había 146.188 familias afectadas, equivalentes a 284.185 personas. En vivienda, 31.445 quedaron destruidas y 163.884 averiadas. Además, colapsaron 467 edificios y otros 5.726 resultaron afectados.

La infraestructura crítica tampoco salió indemne: 351 centros de salud, 3.579 centros educativos, 4.611 centros comunitarios, 435 vías, 69 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales, 111 acueductos y cinco aeropuertos reportaron afectaciones. También fueron registrados 1.236 animales afectados y 1.254 rescatados.

Estas cifras muestran que un terremoto no termina cuando deja de temblar la tierra. Un hospital fuera de servicio reduce la capacidad de atención precisamente cuando más se necesita; una escuela destruida interrumpe la educación; una vía o un puente afectados pueden aislar comunidades; y un acueducto averiado compromete un servicio básico. En San José del Palmar, por ejemplo, la emergencia afectó la única vía que conecta al municipio con el Valle del Cauca.

El primer problema, entonces, es la infraestructura crítica. Y Colombia ya sabía que existían vulnerabilidades.

La Ley 400 de 1997 estableció criterios para el diseño, construcción y supervisión de edificaciones sismorresistentes. En infraestructura hospitalaria, el Ministerio de Salud identificó en 2021 que 310 de 368 edificaciones indispensables ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia requerían reforzamiento total o parcial. La Resolución 2132 de ese año amplió hasta el 19 de diciembre de 2024 el plazo para ejecutar esas obras y estableció reportes anuales sobre su avance.

El problema es que identificar el riesgo no equivale a reducirlo. La prevención exige saber qué infraestructura está expuesta, cuánto cuesta intervenirla, quién debe hacerlo y cómo se verifica que efectivamente se haga. Cuando una norma fija un plazo, pero el Estado no cuenta con información actualizada, recursos suficientes o capacidad efectiva de seguimiento, el riesgo permanece aunque la norma exista.

Y esto nos lleva a una discusión más amplia: dónde construimos y bajo qué condiciones.

Un análisis realizado por ingenieros estructurales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, complementado con las observaciones de Albert R. Ortiz, director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle y miembro de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica, concluyó que los daños no podían explicarse únicamente por la cercanía al epicentro. Factores como el tipo de suelo, el sistema estructural, la antigüedad de las edificaciones y la evolución de las normas sismorresistentes fueron determinantes para entender por qué edificios ubicados a pocos metros de distancia tuvieron comportamientos completamente distintos. Muchos de los inmuebles más afectados habían sido construidos antes de las reformas más recientes del Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente.

La discusión, entonces, no debería ser únicamente quién tuvo la culpa después del terremoto. La pregunta es qué ocurrió con un riesgo que ya había sido identificado y tenía incluso un plazo para ser intervenido.

Por eso la gestión del riesgo comienza mucho antes de los escombros: en el ordenamiento territorial, los estudios de amenaza, las licencias, los diseños, la construcción y la supervisión. El riesgo no depende solamente de la magnitud de un terremoto; también depende de qué tan vulnerable decidimos permitir que sea nuestro territorio.

Colombia ha avanzado en esta materia. La Ley 1523 de 2012 estableció un marco nacional de gestión del riesgo que puso la identificación, reducción y manejo del riesgo como componentes de una misma política pública.

También existen instrumentos financieros para responder sin improvisar. En 2008, el Banco Mundial aprobó para Colombia un primer Cat DDO (Catastrophe Deferred Drawdown Option, por sus siglas en inglés) por US$150 millones, destinado a fortalecer la identificación y reducción del riesgo y la capacidad institucional y fiscal frente a desastres. Para el cierre del programa, los municipios con planes locales de gestión del riesgo pasaron de 10 a 388. El instrumento fue utilizado de nuevo en 2010 durante La Niña.

En febrero de 2025, el Banco Mundial aprobó una nueva operación por US$200 millones para fortalecer la gestión del riesgo y la preparación frente a desastres y emergencias de salud pública. Tras el terremoto del 10 de agosto esos recursos fueron desembolsados tres días después para apoyar la respuesta. Pero aquí aparece otra pregunta fundamental: ¿cuánto le cuesta al Estado no prevenir?

Una modelación técnica de INGENIAR estimó pérdidas físicas directas cercanas a $30 billones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas: $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura. La estimación no incluye daños indirectos, lucro cesante ni el costo adicional de reconstruir bajo estándares más resistentes.

Colombia ya vivió una situación similar.

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 dejó 1.230 muertos, 200.000 personas afectadas y cerca de 80.000 viviendas destruidas o dañadas. La respuesta dio origen al FOREC, que recibió cerca de $1.59 billones de la época y coordinó la reconstrucción mediante gerencias zonales. En tres años intervino, reparó o construyó más de 136.000 viviendas y reubicó alrededor de 10.000 familias.

Pero la verdadera lección del FOREC no estuvo únicamente en reconstruir. La experiencia mostró que después de un desastre se necesitaban coordinación institucional, capacidad de ejecución, participación de actores privados y sociales y mecanismos financieros que permitieran actuar rápidamente. Esas lecciones contribuyeron posteriormente al fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo y de sus instrumentos de financiación.

27 años después, Colombia vuelve a tener una oportunidad de aprender.

Reconstruir es inevitable cuando ocurre una tragedia. Prevenir es una decisión. No podemos impedir que la tierra tiemble, pero sí podemos decidir qué encontrará el próximo terremoto: hospitales reforzados, escuelas seguras, viviendas construidas donde corresponde, infraestructura crítica protegida y un Estado con recursos preparados para responder.

La verdadera lección del 10 de agosto no debería ser solamente cómo conseguir los más de $30 billones que puede costar esta reconstrucción. Debería ser cuánto riesgo estamos dispuestos a seguir acumulando antes de entender que prevenir siempre será más barato que volver a empezar.