El freno de mano que le pone Gustavo Petro a Bogotá

Soy consciente de que cotidianamente vivimos rodeados de inseguridad en Bogotá, pero, sí, vamos por buen camino. En los últimos años, la ciudad ha demostrado algo que muchos creían imposible: mejorar sus indicadores de seguridad y competitividad, en medio de un contexto nacional adverso. Y es que mientras el Gobierno Nacional mantiene un desorden fiscal que no deja de crecer con decisiones improvisadas, la capital ha respondido con cifras positivas.

Por ejemplo, en 2015, el último de la alcaldía de Gustavo Petro, la tasa de homicidios en la capital de Colombia era de 18,48 por cada 100.000 habitantes. En el presente 2025 ese índice va en 6,05, muy por debajo del promedio nacional. Es la tasa preliminar más baja, después de Medellín, que también parece estar haciendo la tarea. Además, cabe recordar que, en 2024, en el primer año de la gestión de Carlos Fernando Galán, Bogotá registró una reducción del 19 % en el hurto a personas. Lo que se esperaba alcanzar en los cuatro años de gobierno distrital, se logró en uno.

Y eso no es casualidad: es el resultado de estrategias focalizadas, patrullajes inteligentes, uso de tecnología, articulación con la ciudadanía y decisiones valientes. Aun así, debemos ser claros: erradicar la inseguridad al 100 % es una utopía. Ni París ni Nueva York lo han logrado. Lo que sí es real y medible es la tendencia: Bogotá avanza y se fortalece, pese a los obstáculos.

No obstante, al mismo tiempo que Bogotá no duerme en sus esfuerzos por avanzar (en medio de las múltiples dificultades por los complejos factores que caracterizan nuestra sociedad), el Gobierno Nacional le pone freno a su seguridad y desarrollo. Prueba de ello es el recorte de más de 1,5 billones de pesos en presupuesto de seguridad, la disminución del número de policías en el país y los $300.000 millones congelados en el Fonsecon (Fondo de Seguridad Ciudadana). Evidencia de un abandono preocupante. Y es que en la actualidad Bogotá cuenta con 201 policías por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del mínimo recomendado por la ONU (300), y pasó de tener 19.000 policías hace 12 años a apenas 16.000, mientras su población aumentó en un millón de personas.

Igual de preocupante es el mal manejo fiscal del Ejecutivo liderado por Gustavo Petro, que no solo afecta la seguridad. Según recientes cifras del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal acumulado y la pérdida de confianza de inversionistas comprometen recursos claves para infraestructura, educación y salud en Bogotá. Recordemos que Bogotá aporta cerca del 25 % del PIB nacional y financia buena parte del Fondo Común Nacional. Sin embargo, cada año recibe transferencias con recortes, sin autonomía para decidir cómo invertir de forma estratégica en sus prioridades.

Mientras Bogotá aumenta su inversión en seguridad en un 30 %, el Gobierno Nacional recorta su aporte en un 20 %. Esta disparidad no solo es injusta, sino que amenaza los avances logrados en la calidad de vida de millones de ciudadanos. A pesar de este contexto adverso, la capital demuestra que, con liderazgo serio y estrategias claras, es posible avanzar. Aunque la percepción de inseguridad sigue siendo un reto, ya muestra señales de mejora, y delitos como el hurto de vehículos se han reducido en un 48 % en el primer semestre de 2025. Son resultados concretos que confirman el compromiso de Bogotá con su gente.

La relación entre Bogotá y el Gobierno Nacional debería estar basada en cooperación y respeto a la autonomía. La Constitución reconoce a Bogotá como entidad territorial especial y le otorga competencias administrativas y presupuestales propias. Sin embargo, en la práctica, sigue siendo tratada como un actor subordinado, sin poder decidir sobre recursos que le pertenecen por derecho y que necesita para seguir transformándose.

No se trata de un capricho político ni de una pelea de egos. Defender a Bogotá significa defender a los comerciantes que quieren trabajar tranquilos, a las familias que sueñan con una ciudad más justa, a los jóvenes que necesitan oportunidades y a los barrios que anhelan vivir sin miedo. Significa, en últimas, defender la esperanza y el progreso.

Por eso, mientras algunos siguen hablando de consultas populares, de Asambleas Constituyentes para dividir al país, o de teorías de conspiración, en Bogotá se continúa hablando de resultados. Resultados que se sienten en las calles, que se miden en vidas salvadas y que se construyen con valentía y disciplina. El reto que viene es enorme. No podemos permitir que la ciudad retroceda por culpa de un gobierno que no entiende la importancia de apoyar y respetar a sus regiones. Bogotá no puede avanzar con el freno de mano puesto.