La vivienda prende la economía en Bogotá

En Bogotá hay una palabra que a muchos les suena lejana, pero que en realidad define si la ciudad se mueve o se queda quieta: vivienda. Para miles de familias, hablar de vivienda es hablar del sueño de dejar de pagar arriendo, de salir de la pieza o de la casa hacinada. Pero, al mismo tiempo, cada ladrillo que se pone en esta ciudad mueve una parte enorme de la economía.

Cuando una familia accede a un subsidio y logra comprar o mejorar su vivienda, no solo cambia su vida. Se activa una cadena silenciosa que pasa por la cementera, el transporte de materiales, la ferretería de barrio, los maestros de obra, los acabados, los arquitectos, los ingenieros, los créditos, la señora que vende el almuerzo en la esquina y el tendero que fía mientras llega el siguiente pago. La vivienda, bien manejada, no es un lujo. Es un motor.

Y en Bogotá ya estamos viendo lo que pasa cuando ese motor prende. El programa Mi Casa en Bogotá ha ayudado a impulsar un nivel de actividad que no se veía hace una década. Este año se registra el mayor número de viviendas iniciadas en los últimos diez años en la ciudad. Una señal clara de confianza de los constructores, los bancos y las familias que se atrevieron a tomar la decisión de invertir en su techo.

Esto no es un dato frío. Detrás hay historias concretas: jóvenes que dejan de vivir con los papás, madres cabeza de hogar que por fin pueden ofrecer un cuarto digno a sus hijos, adultos mayores que dejan de preocuparse todos los meses por si les suben el arriendo. Cada subsidio tramitado no es solo una cifra en un informe, es una puerta que se cierra en la noche con más tranquilidad.

Pero esa cara humana va de la mano con una dimensión económica que pocas veces se explica bien. El esfuerzo de la ciudad ya se traduce en un impacto estimado de 1,82 billones de pesos sobre el producto interno bruto de Bogotá y en más de 21.000 subsidios tramitados, con una inversión cercana a los 416.000 millones de pesos. Por cada peso que se destina a subsidios de vivienda, se generan alrededor de 9,5 pesos en ventas para el sector. En otras palabras, lo que sale del presupuesto social regresa multiplicado en actividad económica, empleo y recaudo futuro.

En un país donde tantas veces hemos escuchado que “no hay plata”, esto importa. Porque la discusión de fondo no es solo cuánto se gasta, sino en qué se gasta. Un plan de vivienda bien diseñado no es un cheque en blanco ni un regalo, es una inversión que se sostiene en el tiempo. De hecho, el efecto predial de estos proyectos se traducirá en más de 40.000 millones de pesos en los próximos 11 años. Recursos que vuelven a la ciudad para financiar colegios, vías, parques y servicios.

Hay otro dato que confirma que algo se está haciendo bien: mientras las ventas de vivienda de interés social en el resto del país crecen apenas al 3 %, en Bogotá crecen casi al 14 %. Es decir, el país duda y Bogotá está empujando la economía. Mi Casa en Bogotá se ha convertido en una señal de confianza en medio de la incertidumbre nacional.

Y esa confianza se ve también en el empleo. La cadena de la vivienda no solo genera trabajo para los grandes jugadores del sector, sino para la gente de a pie. El plan está generando alrededor de 40.500 empleos al año y, sumando la dinámica de todo el sector, ya se cuentan más de 80.000 empleos en dos años asociados al programa. Son obreros, técnicos, profesionales, pequeños proveedores y negocios de barrio que encuentran en la construcción y en la mejora de vivienda una fuente estable de ingresos.

Por eso la pregunta clave no es si Bogotá puede darse el lujo de sostener un esfuerzo como este, sino si puede darse el lujo de frenarlo. Con los recursos que hoy están previstos, la ciudad se ha comprometido a entregar 75.000 subsidios entre 2024 y 2027, de los cuales 60.000 son para adquirir vivienda social, 12.000 para mejorar viviendas existentes y 3.000 para arriendo social. Detrás de esos números hay familias que aún no conocemos, pero que ya están contando con esa posibilidad.

Sabemos, además, que el presupuesto no es infinito. Los recursos de gasto social son limitados y exigen disciplina fiscal. No se trata de prometer lo que no se puede cumplir. Se trata de hacer la tarea bien y focalizar mejor el gasto, apuntar donde realmente se rompen las brechas y no desviar recursos hacia programas que generan menos impacto en la vida diaria de la gente. En esa lógica, mantener los recursos del plan de vivienda en Bogotá no es un capricho, es una decisión racional.

Aquí entra una discusión de responsabilidad política que no podemos evadir. Mientras el Gobierno Nacional frena inversiones clave para Bogotá o condiciona recursos que la ciudad necesita para obras estratégicas, el esfuerzo local por sostener una política de vivienda robusta se vuelve todavía más importante. Quitarle el freno de mano a Bogotá también significa proteger los programas que ya demostraron que sí funcionan, que sí mueven la economía y que sí le cambian la vida a la gente. Empezando por los de vivienda.

La vivienda, al final, es donde se cruzan casi todas las preocupaciones de la ciudadanía: seguridad, empleo, transporte, servicios públicos, educación de los hijos, cuidado de los adultos mayores. Donde se ubica un proyecto se transforman las rutas del transporte público, los comercios que nacen alrededor, la demanda por jardines y colegios, la percepción de seguridad en las calles. Cuando la ciudad planifica y apoya estos procesos, no solo construye edificios, sino que también se gesta tejido social.

Por eso es clave que esta conversación no se quede en los tecnicismos. La pregunta es muy sencilla: ¿queremos una Bogotá donde más familias tengan la oportunidad real de acceder a una vivienda digna y donde esa decisión, además, ponga la economía a rodar, o aceptamos que el sueño de casa propia siga siendo un lujo para pocos? Esa respuesta no se define solo en los discursos. Se define en las decisiones presupuestales que se tomen hoy.

Defender un plan de vivienda serio para Bogotá no es defender a un gobierno de turno. Es defender a quienes se levantan todos los días a trabajar, pagan impuestos, hacen cuentas para el mercado y aún sienten que tener un hogar propio es una meta lejana. Cuando la política pública logra acortar esa distancia y, al mismo tiempo, mover la economía y el empleo, lo mínimo que podemos hacer es no estorbarle. Y, si somos responsables, blindarla para que se mantenga en el tiempo.