Comprometidos con las garantías para el trabajo digno

La industria de la vigilancia y seguridad privada se ha desarrollado en los últimos 28 años bajo el fundamento de garantizar las condiciones dignas de trabajo del personal operativo. El sector fue pionero en 1994 en establecer una tarifa que, como mínimo, asegurara el 100% del salario y las prestaciones de ley de los vigilantes.

Profundizando el mandato del Estatuto de Vigilancia, desde el año 2003 el Estado intervino el mercado y fijó la fórmula obligatoria para calcular la tarifa mínima de las modalidades de vigilancia. Esta norma ha protegido los derechos de los trabajadores y la estabilidad de las empresas del sector, por lo que creemos que el establecimiento de la tarifa mínima ha sido un logro colectivo.

En los últimos 15 años las normas laborales han evolucionado, se han actualizado o se han añadido nuevas leyes, como es el caso de la Ley de Reducción de la Jornada Laboral o el de la Ley de Licencia Parental Compartida. Creemos que las leyes laborales son avances de los trabajadores, y tanto empresarios como usuarios de la vigilancia y seguridad privada, deben estar comprometidos con respetar toda la normativa laboral aplicable, asumiendo también sus efectos económicos.

Las empresas de vigilancia o sus usuarios, no pueden, por un lado, decir que respetan las normas laborales pero en la práctica no contratar correctamente a sus vigilantes o permitir que esto pase. Por eso, desde FedeSeguridad, pese a los múltiples cambios de las normas laborales, queremos expresar que nuestro respeto y promoción por el trabajo legal y digno continúa intacto.

Sabemos que no es sencillo asumir cambios que encarecen el trabajo formal. Pero estos a veces son necesarios, sobre todo cuando se trata de un bien mayor.

En el caso de la vigilancia, se trata de proteger el bienestar de los guardas de seguridad y la sostenibilidad de sus empresas.