El último bastión contra el autoritarismo: La Corte Constitucional y los planes ocultos de Petro

En los tres años del gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha enfrentado un asalto sistemático a sus instituciones democráticas. Desde el Ejecutivo, el presidente ha atacado y estigmatizado a sus contradictores y contrapesos constitucionales, poniendo en riesgo la separación de poderes, la integridad de la República y la seguridad de funcionarios y opositores, como lo evidenció el trágico caso del difunto senador Miguel Uribe Turbay.

La democracia colombiana ha resistido gracias a la oposición política en el Congreso y en las calles, pero, sobre todo, al papel determinante de la Corte Constitucional. Este tribunal ha frenado acciones, decretos y reformas del gobierno que violaban la Constitución. Sin la firmeza, el carácter y el apego a la Carta Magna de la Corte, Colombia podría estar hoy sumida en un régimen autoritario similar al castrochavismo que oprime a Venezuela.

La Corte Constitucional, fiel a su misión, ha sido el principal disuasor de los impulsos autoritarios del petrismo. Estos impulsos se han manifestado en intentos ilegales de impulsar procesos constituyentes —que no prosperaron—, decretos para contrarrestar derrotas legislativas y maniobras para obtener potestades excepcionales. En Casa de Nariño saben que, sin mayorías en el Congreso o en las altas cortes, sus planes para perpetuarse en el poder quedan en meros anuncios. Por ello, Petro no ha condenado ni desmentido las temerarias declaraciones de Alfredo Saade, quien ha sugerido abiertamente intenciones de reelección indefinida. El petrismo, con astucia, deja la puerta entreabierta para, a través de la elección de una magistrada afín, avanzar hacia su objetivo final: consolidar el control absoluto.

No hay lugar para ambigüedades. El riesgo de perder la democracia es real. No desvirtuar las declaraciones de Saade equivale a legitimarlas. Ningún tirano admite su adicción al poder ni su intención de subyugar a su pueblo. Desde Stalin hasta Mao, pasando por Hitler, todos se presentaron como mesías y defensores de causas justas. El discurso de Petro, cargado de promesas redentoras, sigue un patrón inquietantemente similar.

Otro factor oscuro impulsa al gobierno a jugársela por el control de la Corte Constitucional: la garantía de impunidad. Gran parte del alto gobierno petrista está implicado en escándalos como el de la UNGRD o en irregularidades de campaña y gestión. Saben que, una vez fuera del poder, la justicia los perseguirá. Por ello, lograr mayorías en la Corte es una prioridad estratégica para blindarse ante futuras investigaciones.

La Corte Constitucional no solo protege la democracia, sino que también garantiza que nadie esté por encima de la ley. Sin embargo, el petrismo no cejará en su intento de cooptarla. Cada magistratura que se elige es una batalla en esta guerra por el control institucional. Si el gobierno logra imponer a sus fichas, el equilibrio de poderes se tambaleará, y con él, la capacidad de la justicia para exigir rendición de cuentas.

Colombia está en una encrucijada. La Corte Constitucional, como último bastión de la democracia, debe mantenerse independiente y apegada a la Constitución. La ciudadanía, la oposición y los medios tienen la responsabilidad de vigilar y denunciar cualquier maniobra que busque socavarla. El futuro de la República depende de que este tribunal siga siendo un muro de contención frente a los planes autoritarios de Petro. No podemos bajar la guardia: la libertad y la justicia están en juego.

Nota: Aunque la oposición gane las elecciones de 2026, si el petrismo logra cooptar la Corte Constitucional, será imposible gobernar y tomar las medidas necesarias para salvar a Colombia del abismo. La izquierda radical continuará con su plan de tomar el poder absoluto, ya sea por la vía democrática o revolucionaria.