El costo real de las investigaciones internas por fraudes

Recientemente, Kroll reveló los últimos resultados del ‘Informe global de fraude y riesgo: vol. 2’, el cual se centró en analizar el impacto económico que dejan las investigaciones regulatorias e internas, provocadas por las denuncias de fraude, corrupción, lavado de dinero y demás irregularidades en una organización. 

El reporte reveló que el 82% de los encuestados se han visto significativamente afectados por estas malas conductas al interior de las organizaciones. La cifra, que responde a causales que van desde las contingencias particulares de la operación hasta la disminución de controles internos por la coyuntura del covid-19, es motivo de alarma, ya que vislumbra el alto gasto que están afrontando las compañías para responder a estos riesgos. 

Sin embargo, el informe también mostró que el 78% de estas empresas ha tomado la decisión de realizar investigaciones internas en los últimos tres años para responder de manera oportuna a la problemática. Nuestra experiencia dicta que, aunque existen un sinfín de herramientas para disminuir los riesgos, las operaciones y cadenas de suministro son cada vez más globales y complejas, haciendo del proceso de investigación una labor ardua y costosa. 

De hecho, el reporte dio a conocer que casi cuatro de cada cinco (79%) encuestados cree que los costos de las investigaciones aumentaron en los últimos tres años. Así como también, se evidenció que las organizaciones con un mayor volumen de ingresos, alrededor de USD 15.000 millones, fueron las más propensas a tener impactos “muy significativos”. 

Respecto al impacto por tipo de industria, el transporte, ocio y turismo (90%), los bancos (89%), la tecnología, medios y telecomunicaciones (88%), las ciencias de la salud (83%) y las ventas al por menor, al por mayor y a la distribución (81%) coincidieron en que son los que mayor impacto han tenido de las conductas irregulares. 

Por otro lado, el panorama en Colombia no es nada alentador. Los resultados del informe mostraron una alta incidencia de delitos como el fraude y la corrupción; tanto es así, que más del 78 % de los encuestados afirmó haber realizado investigaciones internas en los últimos tres años para hacerle frente a estos delitos. 

No obstante, en el país existe un alto número de empresas que, al encontrarse expuestas a una falta grave, prefieren desvincular al empleado sin antes iniciar una acción judicial contra este. Esta decisión puede deberse a numerosas razones, entre las cuales podemos destacar los altos gastos que conlleva realizar un seguimiento a los procesos y la falta de confianza en el sistema judicial colombiano. 

Para las empresas, es vital tomar medidas efectivas inmediatamente se identifica al responsable de una conducta irregular dentro de la gestión interna, pues de no hacerlo, le permite al perpetrador seguir cometiendo estas faltas en otras compañías, lo que hace que se vuelva un problema difícil de erradicar. 

Pablo Iragorri
Director General en Kroll y Jefe de Oficina en Colombia.