Opiniónseptiembre 21, 2022hace 12 días

¿Realmente disminuirán las tarifas de energía?

Las medidas adoptadas, si bien están dirigidas con el propósito de reducir los valores de los componentes de la tarifa, son soluciones transitorias.

Daniela MercadoDaniela Mercado, abogada en regulación eléctrica e hidrocarburos. Foto: NoticiasRCN.com

El pasado 16 de septiembre, el Ministerio de Minas y Energía anunció el llamado “Pacto por la Justicia Tarifaria”, un proyecto que promete disminuir las tarifas de energía en el país. Y es que al ser una usuaria de este servicio en la ciudad de Barranquilla, esta noticia me generó un gran alivio al saber que voy a ver una reducción en mi factura mensual. Sin embargo, mi papel en este tipo de asuntos no se limita únicamente al anuncio, por lo que procedí responsablemente a evaluar con detenimiento las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en torno a este tema. Para mi sorpresa, encuentro que realmente no se materializará la famosa rebaja de tarifas y probablemente lo que termine ocurriendo sea solo una estabilización temporal de los precios aplicables a los últimos tres meses de este año. 

Mi reto en esta oportunidad será explicar de forma sencilla el porqué del aumento de las tarifas, las medidas tomadas por el Gobierno y los posibles efectos a esperar. Para ello, debo empezar por lo simple: ¿cómo se forma el precio de la energía? Mucha desinformación existe en torno a esta pregunta, sobre todo porque es desacertado atribuirle esta problemática únicamente a los generadores o comercializadores, cuando la realidad es que la tarifa posee los siguientes componentes: un 35 % corresponde a la generación, 5 % a la transmisión, 38 % a la distribución, 13 % a la comercialización, 7 % a las pérdidas y un  2 % de restricciones. Esto significa que, para lograr una disminución en los precios, se deben acatar medidas que impacten los distintos componentes y no solo los que afecten a algunos agentes de la cadena.

En este sentido, las razones del aumento de las tarifas se pueden resumir en dos: la inflación y al componente de pérdidas. Sobre el primer aspecto, cabe mencionar que no solo Colombia sino el mundo entero está sufriendo las consecuencias de una alta inflación, por lo que los costos de los bienes y servicios se han acrecentado considerablemente. Naturalmente, la inflación incrementa los índices de precios al productor, IPP, el indexador usado en el suministro de la energía eléctrica, generando así el alza de precios en este servicio. 

Por otro lado, el componente de pérdidas se refiere a esa electricidad que se produce pero que no se vende o no se logra facturar, una situación que azota especialmente a la región Caribe por el flagelo de las conexiones ilegales. El cobro de las pérdidas ha aumentado en la Costa Atlántica un 29.2 %, mientras que para el resto el aumento ha sido solo del 12.5 %. No obstante, para el infortunio de los habitantes de esta parte del país, en el “Pacto por la Justicia Tarifaria” no se contemplan disposiciones sobre este componente en específico. 

En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno, si bien están dirigidas con el propósito de reducir los valores de los componentes de la tarifa, cabe mencionar que son soluciones transitorias. Mediante una serie de resoluciones, la CREG requirió que, solo para los próximos cinco meses, los operadores de red, transmisores, generadores y comercializadores, ajustaran los precios e indexadores de sus contratos. Lo que significa que a inicios de 2023 sentiremos el coletazo de esta estabilización temporal.   

Por todo lo anterior, se concluye que las medidas no propenden por una  reducción sostenida en el tiempo y que no resultarán propiamente en una disminución de las tarifas. Por ello, me resulta pertinente que se comience a concebir la “justicia tarifaria” no solo desde el control de precios.

Es clave que, desde este nuevo ministerio, se perciba al usuario como el centro de una transformación del mercado eléctrico para lograr tarifas más justas. Actualmente, nuevas tecnologías permiten que las casas puedan autogenerar y atender sus propia demanda. Así pues, es hora de que en Colombia se inicie una discusión de fondo a fin de levantar las prohibiciones que existen para la creación de comunidades energéticas y que se permita la venta de energía entre usuarios, pues al no ser necesario el uso de las redes de transmisión y distribución, los costos en la factura disminuirían considerablemente. 

 

@danielamercadom
Abogada en regulación eléctrica e hidrocarburos.

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