El precio de la ineficiencia: por qué los colombianos pagan más por una energía que vale menos

Colombia tiene todo para ofrecer energía abundante y a buen precio: diversidad de fuentes, capacidad instalada y un enorme potencial de expansión. Sin embargo, el modelo actual no logra convertir esa ventaja en un sistema eficiente y competitivo. Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, el acceso a energía no solo es costoso, sino también impredecible, y eso tiene efectos directos en su productividad, competitividad y capacidad de crecer.

El problema no radica en la falta de recursos, sino en una suma de fallas estructurales que ya no pueden seguir postergándose. Un esquema de subsidios mal enfocado, una competencia limitada en vastas regiones del país y una regulación desactualizada conforman una arquitectura que, lejos de dinamizar el sector, termina por desincentivar la eficiencia y encarecer el servicio para quienes invierten, producen y generan empleo.

Los subsidios, por ejemplo, han sido clave para ampliar cobertura, pero hoy operan bajo un diseño que distorsiona los precios reales del mercado. Esta carga, lejos de estar bien distribuida, termina recayendo de forma desproporcionada sobre los sectores productivos, elevando los costos operativos de miles de empresas que no pueden trasladar ese impacto al consumidor final.

A esto se suma la falta de competencia real. Aunque Colombia formalmente cuenta con un mercado abierto, en muchas zonas del país solo hay un comercializador disponible, lo que impide a las empresas acceder a mejores condiciones de servicio o tarifas. Y es que es increíble que todavía los usuarios en Colombia no saben que pueden cambiar de comercializador de energía, y continúan con su proveedor tradicional sin ningún incentivo para cambiar. En esos territorios, la energía no se elige: se acepta, sin alternativas y sin posibilidad de negociar en igualdad de condiciones.

Y tal vez el obstáculo más profundo es un marco regulatorio que no refleja la realidad ni las oportunidades actuales del sector. Hoy, es posible generar, almacenar y gestionar energía de forma descentralizada, flexible y digital. Pero el sistema aún opera con reglas pensadas para un contexto centralizado y estático. Esa rigidez frena la innovación, limita la participación de nuevos actores y encarece todo el ecosistema energético.

A esto se suma una coyuntura compleja: alzas tarifarias recurrentes, presiones fiscales, rezagos en infraestructura y mayor exposición a riesgos climáticos. Todo esto hace cada vez más urgente una transformación del modelo energético que no solo busque resolver crisis puntuales, sino que construya un sistema más moderno, transparente y competitivo.

Colombia no puede seguir permitiéndose que su sector empresarial, motor del empleo, la inversión y el desarrollo; pague el precio de un sistema obsoleto. La energía debe ser un habilitador del crecimiento, no una barrera. Es por ello, que la tecnología juega un papel fundamental a la hora de decidir quién va a ser el comercializador de energía, pues les va a permitir a las empresas tomar decisiones informadas a través de herramientas de data e IA. Sin duda, reformar el sector energético ya no es una decisión técnica. Es una decisión política. Y debe tomarse ya.