¿Gustavo Petro tendría responsabilidad en el presunto pacto con exparamilitares en Valledupar?
El abogado Hernando Herrera advirtió que, de comprobarse los hechos, los involucrados enfrentarían delitos no excarcelables con penas superiores a 10 años.
Yhonay Díaz
06:46 p. m.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, por su presunta participación en el denominado ‘Pacto de Valledupar’.
Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Angie Rodríguez por el ‘Pacto de Valledupar’
De acuerdo con el documento del ente de control, se trataría de un evento en el cual supuestamente se habrían ofrecido beneficios judiciales a exjefes paramilitares a cambio de declaraciones contra opositores políticos del gobierno de Gustavo Petro.
El abogado Hernando Herrera analizó las implicaciones legales del caso. Según Herrera, la Procuraduría "tiene la obligación de indiciar e investigar a todas aquellas personas comprometidas".
¿Tiene responsabilidad Gustavo Petro en el escándalo del ‘Pacto de Valledupar’?
El jurista respondió sobre una eventual responsabilidad del expresidente Gustavo Petro si se comprueba que la orden salió de Casa de Nariño.
"Claro, la habría y le tocaría como aforado constitucional que corresponde desde el presidente de la República tener la investigación y abrirla de manera muy oportuna a la Comisión de Acusaciones", explicó.
Si esto compromete la responsabilidad del jefe del Estado podría derivar en su indignidad y más allá de eso también, por qué no decirlo, en una prisión.
Explosivo documento revela detalles inéditos del ‘Pacto de Valledupar’ en el gobierno Petro
¿Qué delitos podrían imputarse por el caso ‘Pacto de Valledupar’?
Las irregularidades reveladas en el presunto pacto con exjefes paramilitares no se limitarían al ámbito disciplinario. El abogado explicó que "se desprenden dos tipos de conductas irregulares, una las que atiende la Procuraduría o el Ministerio Público en lo que hace de faltas disciplinarias por desvío de poder y otras las que también corresponderían a la Fiscalía y a los jueces penales".
Entre los delitos que se habrían cometido, según los señalamientos, Herrera señaló "abuso de autoridad y potencialmente constreñimiento al elector, ya que todas esas maniobras según se dice y se establece por la señora Rodríguez se hicieron o se habrían hecho con la idea de perturbar el proceso electoral".
Esto no es ni más ni menos que un golpe de Estado desde adentro pero no para desafiar la institucionalidad solamente, también para desafiar la voluntad del electorado.
Respecto a las posibles sanciones, el jurista advirtió que "estos delitos además por la gravedad que tienen no son excarcelables, suponen además penas superiores a los 10 años de cárcel".
En el ámbito disciplinario, podrían enfrentar inhabilitaciones de poder ocupar cualquier cargo público por los próximos 10 años.
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