Inmovilizan bus que transportaba 46 pasajeros de Cartagena a Bogotá

No bastan las recomendaciones y estrictas medidas para evitar la expansión del covid-19 en el país, pues a pesar de las continuas campañas se siguen registrando casos donde la irresponsabilidad sigue siendo la protagonista.

A pesar de que las rutas de buses interdepartamentales están prohibidas, la Policía de Atlántico inmovilizó un bus que, de manera ilegal, había salido desde Cartagena y que tenía como destino a Bogotá.

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El automotor violaba todas las normas, tanto de tránsito como de bioseguridad. El conductor no tenía permiso para transitar, llevaba sobrecupo y entre los pasajeros había cinco niños.

No es muy común en esta época de restricciones y pandemia ver rodar por las carreteras nacionales buses interdepartamentales. Sin embargo, uno de ellos llamó la atención de las autoridades en cercanías al peaje de Sabanagrande, en plena Vía Oriental.

Las luces del vehículo anunciaron el paso de uno de los automotores acostumbrados a rodar por Colombia, pero la intuición de los uniformados de la policía los hizo verificar la legalidad de su ruta. Encontraron que transitaba sin permiso, con todas las sillas ocupadas y eludía en la vía la presencia de los uniformados.

“Gracias a los controles de nuestra Policía de Tránsito se logra la inmovilización de un bus y la captura de su conductor, el cual conducía y transportaba de manera ilegal a 44 personas que transportaba en la ruta de Cartagena hacia la ciudad de Bogotá”, dijo el comandante de Policía de Atlántico, Hugo Molano.

Fue a través de redes sociales que contactaron a los pasajeros que tenían como propósito recorrer los 1.061 kilómetros que separan a Cartagena de Bogotá, con más de 40 personas en su interior.

El peligroso viaje por Colombia le costó a cada pasajero la cifra de 250.000 pesos.

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El responsable del viaje ilegal no entregó la documentación y el bus siguió su recorrido, pero con el motor apagado en una grúa.

Su conductor fue separado del volante y conducido a la Fiscalía, donde tendrá que responder por la violación a las normas establecidas por el Gobierno Nacional, en especial cuando el covid-19 es un peligro constante en las poblaciones del Atlántico.