Ley de Garantías: la tenue línea entre presidente y candidato

Desde que Juan Manuel Santos anunció el pasado mes de noviembre su intención de aspirar a un nuevo periodo como presidente de Colombia, ha estado midiendo fuerzas con el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, por cuenta del cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales para los comicios del 2014. 

Ordóñez ha sido enfático en que Santos no puede estar presente en actos públicos de entrega de obras o en reuniones políticas de partidos que puedan servir como plataforma electoral para su campaña reeleccionista. Santos, por su parte, ha asistido a las convenciones de los partidos de la U y Liberal y públicamente ha afirmado que no estaba participando en actividades proselitistas y que si había ido a ambos eventos, fue en calidad de gobernante.

Por todo esto, Ordóñez ha lanzado varias advertencias al presidente-candidato –y prepara más– y delegó a la procuradora María Eugenia Carreño para que analice los discursos de Santos en las convenciones de los partidos con el fin de emitir una opinión.

El Ejecutivo, en cambio, le ha pedido al Consejo de Estado un concepto sobre cuáles son los alcances reales de la Ley de Garantías (996 de 2005) y esclarecer las condiciones en temas sensibles como la inauguración de obras públicas.

Sin embargo, para algunos analistas, Santos no ha incurrido en ninguna irregularidad al haberse presentado en dichas convenciones.

El constitucionalista Víctor Hugo Vallejo dice que el Jefe de Estado tomó precauciones como hablar en público desde un atril que tenía el escudo de la Presidencia y destaca que su intervención no fue la de un candidato en busca de votos, sino más bien la de un mandatario atendiendo la invitación de un grupo político que lo respalda.

“El Procurador ve fantasmas donde no los hay. Y Santos tampoco puede dejar de gobernar sólo porque a Ordóñez le parece. Santos juró gobernar Colombia hasta el 7 de agosto del 2014 y tiene que hacerlo, es un mandato constitucional. El problema es, claro, que la línea divisoria entre Presidente y candidato es virtualmente invisible, pero Santos se curó en salud al llevar su propio atril y al no hacer referencia alguna a recolección de votos”.

Vallejo asegura que el Procurador está aplicando leyes medievales. “La Constitución permite la figura de Presidente-candidato. Puede que no le guste, pero en el derecho los gustos no aplican. Es la ley y debe respetarla. Ordóñez actúa con el deseo y eso no se puede en su cargo”.

Por su parte, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar dice que los llamados de atención de Ordóñez, así como su anuncio de que analizará los discursos de Santos, son improcedentes.

“Él no tiene injerencia sobre las actuaciones del Presidente. El juez de un Jefe de Estado es el Congreso a través de la Comisión de Acusaciones. No tiene nada qué hacer levantando la voz en contra de Santos. Mejor dicho: zapatero a tus zapatos”.

Bernal considera que si el procurador realmente vio en los discursos de Santos una violación a las normas electorales, debería enviar copias de sus pruebas al Congreso y no tratar de intervenir en situaciones que no son de su competencia.

Pero los candidatos tienen una opinión distinta a la de los analistas. Clara López, aspirante presidencial del Polo Democrático, asegura que el mandatario está desafiando las directrices que ha impartido la Procuraduría General en lo que tiene ver con la Ley de garantías.

“Yo pienso que el tema es de que se aplique la ley, pero hay que pensar en que tal vez no hay quien la aplique y ahí sí qué garantías puede haber para los otros candidatos. El presidente candidato está arrancando antes que nosotros y eso es preocupante”, opina López. 

Martha Lucía Ramírez, precandidata presidencial del Partido Conservador, dice que el presidente Santos está siendo arrogante y displicente, ya que no está cumpliendo la ley.

El candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, cree que el Primer Mandatario se está pasando por encima la autoridad del procurador Ordóñez y destaca que un líder debe dar ejemplo y acatar al pie de la letra las leyes y no burlase de ellas.

Así las cosas, este debate seguirá y seguro será uno de los temas más sensibles de la campaña. Con las declaraciones de ambas partes es claro que la línea entre las actuaciones de un gobernante y un candidato es, todavía, demasiado delgada.

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