¿Proyecto de jurisdicción agraria le abre la puerta a la expropiación express?
La representante Katherine Miranda estuvo en Noticias RCN hablando sobre los puntos que más polémica han generado alrededor del articulado.
Noticias RCN
08:06 a. m.
El Gobierno radicó el proyecto de ley de jurisdicción agraria, el cual ha generado controversia y alertas en diversos sectores.
¿Legalizar las invasiones?
Una de las voces que más ha criticado esta iniciativa ha sido la representante Katherine Miranda. La congresista estuvo en Noticias RCN hablando de los puntos más polémicos del proyecto.
Los predios invadidos es el primer tema que genera polémica. Miranda aseguró que el artículo 5 - numeral 12 establece un principio de permanencia agraria que podría interpretarse como una forma de legalizar las invasiones y arriesgar la propiedad privada.
En palabras más, palabras menos, lo que dice este artículo es que cuando haya una invasión a un predio y si allí el invasor desarrolla algún tipo de actividad agraria. Puede colocar una mata de café o de papa, pues ya es sería imposible hacer el desalojo del predio por parte del propietario o de las autoridades.
“Va a ser una expropiación administrativa donde no se está garantizando ni el debido proceso”
Otro punto de preocupación es la supuesta expropiación express. Si bien el Gobierno afirma que esta medida es una extensión a la normativa actual, la representante consideró lo contrario: "Lo que está pretendiendo el gobierno nacional con este proyecto de ley en el artículo 5 numeral 4 es ponerle una utilidad pública e interés social todo lo referente al tema agrario".
La representante explicó que la consecuencia radicaría en que cualquier actividad agrícola podría ser susceptible a expropiación.
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Miranda alertó sobre los mecanismos de expropiación propuestos. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) sería la encargada de llevar a cabo este proceso, entidad en la que el propio presidente de la República designa a su director.
Va a ser una expropiación administrativa donde no se está garantizando ni el debido proceso ni la igualdad ante la ley ni el respeto a la propiedad privada, sino que la expropiación sería determinada por un funcionario del Gobierno.
Este proceso administrativo, según la representante, permitiría la expropiación antes de cualquier intervención judicial. Es decir, se podría presentar una demanda u otro recurso después que el proceso se haya efectuado.
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