“No es con amenazas”: gobernador de Antioquia sobre acciones jurídicas que tomará el Gobierno por negarse a acatar la emergencia económica

El Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció el jueves (15 de enero) que tomará acciones jurídicas en contra de los 17 gobernadores que acordaron no acatar el decreto de emergencia económica (1390 del 22 de diciembre de 2025).

En respuesta, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió en entrevista con Noticias RCN que “no es como con amenazas como se entablan las relaciones con las regiones”. Y menos cuando se invoca “un instrumento jurídico establecido en la misma Constitución, que ellos invocaron el año pasado, para tratar de sacar adelante sus trámites de consulta”.

Rendón explicó que “este mecanismo de la excepción por inconstitucionalidad le permite a cualquier autoridad judicial o administrativa del país no aplicar normas que, como las tributarias contenidas en la emergencia económica, van en contravía de principios constitucionales y afectan las finanzas territoriales” y, por tanto, se mantendrá en su decisión.

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Sobre los mecanismos jurídicos con los que se oponen a implementar el decreto, el gobernador indicó que, “en los casos en los que eventualmente se decida expedir el acto administrativo donde se acepte la no aplicabilidad de la emergencia económica, podremos abstenernos invocando la excepción por inconstitucionalidad (…) como en el caso del hipoconsumo, que es el que más afecta la circulación de licores, es el que más esfuerzo le implicará a la fábrica de licores para enviarle al Gobierno nacional más de 720.000 millones de pesos”.

Como resultado, la Fábrica de Licores de Antioquia tendría que repensar el aumento del 5,5% a sus productos en 2026 y llegar a un 40%, que, en una botella de 750 ml, significa un aumento de 20.000 pesos.

La emergencia económica, insiste Rendón, “se decreta usurpando la competencia constitucional y legal al Congreso, que es el único que puede legislar alrededor de tributos”.

Y recordó que, de acuerdo con la Ley, “no solo es una posibilidad, es casi una obligación de cualquier autoridad inaplicar las normas que claramente contravenen la Constitución o el ordenamiento jurídico, hasta tanto, en este caso la Corte Constitucional, haga un pronunciamiento de fondo”.

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De acuerdo con el gobernador, su equipo jurídico ha revisado con detenimiento la discusión, sin encontrar algún argumento que favorezca la expedición del decreto de emergencia económica en situaciones ordinarias “ni por parte de opinadores, ni por parte de la academia”, pero “es algo que tendrá que valorar la Corte con muchísimo rigor”.

E insistió en que “aquí lo que hay es una afrenta contra la autonomía fiscal de las regiones, la descentralización, contra principios rectores que definió la misma carta magna, que es la norma de normas, y a su artículo cuarto es al que nos apegamos para impulsar este trámite y estamos defendiendo los intereses de los departamentos, porque no es posible que lo que deje de entrar acá para educación, salud y deporte, se vaya a engrosar el empleo militante de Petro. Petro no puede cuadrar caja con los ya limitados recursos de los departamentos”.