Abecé de la reforma al Sistema General de Participaciones que está cerca de volverse ley
A este proyecto de acto legislativo le resta un debate en la plenaria de la Cámara para ser ley. ¿Qué propone? ¿Por qué ha generado polémica?
Noticias RCN
08:36 p. m.
Este miércoles 20 de noviembre, la Comisión Primera de la Cámara aprobó con la totalidad de votos en séptimo debate el proyecto que busca modificar el Sistema General de Participaciones (SGP).
Detalles del proyecto
El SGP es el proceso por el cual desde el Gobierno se hacen transferencias de los recursos necesarios para atender servicios básicos a los municipios, distritos y departamentos.
La medida busca destinar mayor cantidad de recursos. Para que se vuelva ley, necesitará pasar el último debate en la plenaria de la Cámara. ¿De qué se trata esta reforma?
Lo primero que se debe tener en cuenta que, el hecho que sea un proyecto de acto legislativo implica que deba pasar por ocho y no cuatro debates.
El principal objetivo es aumentar la transferencia de recursos a los departamentos, distritos y municipios. La idea es que pase de un 20% a un 39.5%.
Inicialmente, la propuesta planteaba un aumento de 46.5%, pero en los debates finalmente quedó en 39.5%. Si el proyecto supera el último debate, hará que el incremento se empiece a implementar en 2027. Cabe mencionar que no sería instantáneo, sino de manera gradual durante los siguientes 12 años.
Fedesarrollo cuestiona el modelo de transferencias de recursos que se discute en el Congreso
Cuestionamientos de los expertos
Esta iniciativa ha generado varias críticas, especialmente en los gremios. Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, en diálogo con Noticias RCN, contó cuáles serían los impactos que generaría.
Mejía afirmó que su implementación llevaría a un problema fiscal por el gasto adicional, el cual podría acercarse a los 40 billones de pesos anuales.
El Centro de Estudios Económicos – Anif también advirtió los efectos en la sostenibilidad fiscal. Por un lado, confirmó que efectivamente hay que profundizar la descentralización del país para darle mayor autonomía y competencias a los entes territoriales.
No obstante, los expertos consideran que el proyecto “señala de forma explícita que no se podrán descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas, y que no se podrá asignar recursos a las entidades beneficiarias del Sistema General de Participaciones sin la previa asignación descentralización de competencias”.
Bajo ese escenario, el Centro de Estudios afirma que el acto legislativo debe ajustarse y revisar las fórmulas de incrementos.
Una mala calibración de la fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino del sector privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país.
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