Controles en Gibraltar son un derecho de España: Gobierno

El Gobierno español respondió de forma "firme y severa" al Reino Unido ante una nota de protesta de Londres por los controles en la frontera con Gibraltar, sobre los que reiteró que son adecuados al código del acuerdo Schengen.

El Gobierno español por su parte reiteró que dichos controles se realizan con absoluta profesionalidad, son irrenunciables para España, que está en su derecho y obligada a llevarlos a cabo porque Gibraltar no está en el espacio Schengen y "no son obstáculo" a la libre circulación de mercancías o personas.

La respuesta de España es "firme y severa" -hecha también a través de la Embajada- y en ella se recuerda que el istmo no se encuentra entre los espacios cedidos al Reino Unido en virtud del Tratado de Utrecht de 1713 y que por ello la ocupación es "ilegal y contraria a derecho".

Los controles que se realizan en la verja de Gibraltar, explica Madrid a Londres en su respuesta, no son obstáculo a la libre circulación de mercancías o personas.

Son consecuencia de la no pertenencia del Reino Unido a Schengen y de que en el momento de su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea se decidió que Gibraltar quedara fuera de la unión aduanera.

España explica al Reino Unido que durante los últimos años se ha producido un "enorme" incremento de contrabando y añade que entre 2010 y 2012 han aumentado las aprehensiones en un 213 %, lo que demuestra que la administración aduanera realiza "los controles pertinentes".

Al no formar parte Gibraltar de Schengen, no ser un territorio aduanero comunitario, no aplicarse la libre circulación de mercancías y tampoco el régimen común de IVA, España está "obligada" a realizar esos controles.

"Son controles plenamente adecuados al código de fronteras Schengen y son irrenunciables para España en el ejercicio de sus responsabilidades", añade el Gobierno.

Las mismas fuentes diplomáticas apuntan que esos controles "pertinentes" tienen el objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación española y comunitaria, conforme a los principios de aleatoriedad, proporcionalidad y no discriminación y "sin obedecer a ningún tipo de motivación política".