CPI seguirá investigando la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela

La Corte Penal Internacional confirmó este 1 de marzo su decisión de seguir adelante con las investigaciones de la Fiscalía por delitos de lesa humanidad en Venezuela. 

La Sala de Apelaciones del alto tribunal, negó el recurso interpuesto por el régimen de Nicolás Maduro, con el que se pretendía frenar el proceso.

Marc Perrin de Brichambaut, magistrado presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, explicó que la decisión fue tomada por unanimidad de los togados, lo que da luz verde para que el fiscal de la Corte, Karim Khan, pueda reanudar su investigación.

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La investigación de la CPI sobre Venezuela

En 2018 cinco Estados presentaron un referral ante CPI para impulsar a la denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad.

En la lista de denunciantes estaban Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Más tarde se sumarían los gobiernos de Francia y Canadá.

Más tarde, en 2021, la Corte informó el hallazgo de motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron delitos que son competencia de la CPI desde 2017, cuando iniciaron las protestas contra el régimen y se desencadenó una crítica ola migracional desde el territorio.

Entre los delitos investigados se encuentran torturas, ejecuciones, desapariciones, persecución y encarcelamiento de opositores políticos, y violencia y agresión sexual. Todos estos habrían sido cometidos por agentes de seguridad e inteligencia al servicio del régimen, con responsabilidad extendida a toda la línea de mando hasta los máximos responsables y por particulares afines.

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Adicionalmente, la Fiscalía de la CPI constató que no hay capacidad ni voluntad de la justicia venezolana para esclarecer esos delitos cometidos contra civiles, por lo que asumió la competencia del caso.

Por lo menos, 9.000 víctimas fueron acreditadas ante la CPI por delitos de lesa humanidad. Entre ellas se encuentran el partido Voluntad Popular y el periódico El Nacional, los cuales fueron aceptados en el expediente.

En 2022, el fiscal Khan suscribió un memorándum de entendimiento con Maduro y anunció la apertura formal de la investigación desde Caracas, por crímenes contemplados en el Estatuto de Roma.

No obstante, en 2023 el régimen de Maduro solicitó a la Corte frenar el proceso, aludiendo supuestas fallas y reclamando la competencia de la investigación para la justicia venezolana. En respuesta, la Cámara de Cuestiones Preliminares de CPI negó la petición y ordenó seguir adelante con las pesquisas.

Finalmente, el régimen volvió a presentar una apelación, que fue la resuelta por la Sala de Apelaciones este viernes 1 de marzo.