Nicaragua presentó nueva demanda contra Colombia

En un fallo dictado ese día, la CIJ definió los límites en el Caribe entre ambos países y dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Colombia en 2007.

También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.

En la nueva demanda, Nicaragua solicita a la CIJ que falle y declare el "rumbo exacto" de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las zonas de la plataforma continental que pertenecen a las partes más allá de los límites determinados por su sentencia de noviembre pasado.

"Esta demanda tiene por propósito terminar de definir los espacios marítimos de Nicaragua que limitan con Colombia en el Caribe, sin perjuicio de los derechos de terceros estados", señaló el Ejecutivo nicaragüense en el comunicado.

El gobierno sandinista advirtió de que la posibilidad de una negociación bilateral sobre ese tema, que había quedado pendiente de resolución definitiva en la sentencia del 19 de noviembre de 2012, "se ha visto impedida por la reacción de Colombia" a ese fallo, que no reconoce, y "que ha sido ampliamente difundida por ella y es del conocimiento de la comunidad internacional".

"Lo anterior, sumado a la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, que es el instrumento que sirvió de base jurisdiccional a la Corte en el caso anterior, han constreñido a Nicaragua a tomar acción y proceder a presentar una demanda en contra de Colombia antes de que entre en efecto esa denuncia", continuó en la nota.

El 28 de noviembre pasado Colombia inició el trámite para retirarse del Pacto de Bogotá (1948), que reconoce la jurisdicción de la CIJ, con sede en La Haya, en rechazo del fallo que definió los límites marítimos con Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua, un "país pacifista y defensor del estado de derecho y de la resolución pacífica de controversias", según la declaración, basó su nueva demanda "en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, principios del derecho internacional, derecho consuetudinario y práctica de los estados".