Gobierno asumirá la responsabilidad por efectos adversos de la vacuna contra el covid

A falta de un debate para que se apruebe el proyecto de ley que permite la financiación y adquisición de la futura vacuna contra el covid-19, el Gobierno Nacional confirmó que asumirá la responsabilidad por los posibles efectos adversos.

En momentos en los que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide paciencia con la llegada de las vacunas contra el covid-19, para comprobar su funcionamiento y eficacia en la vida real, Colombia ya ultima detalles para que el medicamento sea aplicado a toda la población tan pronto llegue.

Sin embargo, en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso hay un punto que genera controversia. Aquel en el que las empresas farmacéuticas no responderán por efectos adversos al medicamento.

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"Lo que no podemos hacer es quitarle responsabilidad al fabricante, por eso sugiero eliminar este artículo, que respondan como responde usualmente cualquier fabricante, no tenemos por qué hacer aquí una limitación de esa responsabilidad", dijo Juanita Goebertus, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que los fabricantes de los inmunizantes argumentan que no pueden adjudicarse esas posibles consecuencias, pues la contingencia obliga al uso de emergencia de las vacunas y por lo tanto no alcanzaría el tiempo para completar las pruebas de rigor.

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Ese traslado a los gobiernos está relacionado, precisamente, con el hecho de que no se hayan completado las pruebas, por tanto el fabricante no tuvo el tiempo necesario y suficiente para poder llevar a cabo todas las verificaciones y haber seguido a las cortes de población los tiempos para poder cumplir y cerrar todo el proceso", aseguró el ministro.

Pero hay otra opción, esperar mínimo dos años más a que se hagan los estudios respectivos.

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"El mundo se encuentra en una disyuntiva: esperamos dos o más años a tener los estudios completos o aceptamos la posibilidad de hacer un uso de urgencia", advirtió Ruiz.

El ministro advirtió que la instancia idónea para realizar los análisis de los posibles efectos adversos sería el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, que está conformado por 71 entidades del sector público y académico.

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Al proyecto de ley le resta un debate para pasar a sanción presidencial y tiene como objetivo garantizar que se puedan destinar recursos públicos para la adquisición de la vacuna, pero adicionalmente que los empresarios creen un fondo, donde también habrán recursos privados para la compra masiva de vacuna.