Nacionalmarzo 11, 2021hace un año

Mayores reclutadores de menores son el ELN y disidencias de las Farc

La consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez habló sobre el reclutamiento de menores en Colombia.

En el marco de la polémica que provocó la muerte de una menor de edad durante un bombardeo en Guaviare contra los campamentos de ‘Gentil Duarte’, la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, habló sobre el reclutamiento de menores en Colombia.

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Esta es la situación que viven muchos jóvenes, niñas, niños y adolescentes en varias zonas del país, algunos son reclutados, es decir, son arrancados físicamente de sus hogares para ser llevados a las organizaciones criminales y otros son usados, muchos de ellos, sometidos a violencia sexual.

Esto se conoce como el fenómeno de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente no es nuevo, lleva muchos años e históricamente, como está documentado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el mayor reclutador de niños y niñas en el país ha sido las Farc, seguido del ELN y los Grupos Armados Organizados dedicados al narcotráfico.

¿Las disidencias de las Farc continúan reclutando menores?

Efectivamente, muchos menores que por circunstancias diversas, bien sea porque son rescatados por la fuerza pública o porque se presentan voluntariamente, entran al programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el fenómeno se ha dado, las cifras lo determinan.

En este momento el mayor reclutador es el ELN y en segundo lugar están los residuales de las Farc. Ellos son los responsables de la mayor vulnerabilidad de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Muchos ingresan de 13 o 14 años, tienen un promedio de estar en estos grupos durante cinco años, pasan a ser mayores de edad y muchos de los que entran siendo víctimas terminan siendo victimarios.

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¿En el campamento de ‘Gentil Duarte’ bombardeado había menores de edad?

La información exacta de lo que ocurrió en el Guaviare la tienen que dar las autoridades competentes, tanto Medicina Legal como la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones que se adelanten.

¿En qué caso un menor de edad se sigue tratando como tal y cuándo como combatiente?

Muchos entran siendo menores de edad, se convierten en mayores de edad y quedan atrapados en este círculo de criminalidad y de ilegalidad, por lo que pasan a ser victimarios.

En ese tránsito de edad, cuando alcanzan a ser protegidos por el ICBF, entran a los programas de protección, sin embargo, en algunos casos, cuando se quedan voluntariamente en estas organizaciones, pasan a ser integrantes.

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¿El Estado es culpable del reclutamiento ilegal por la poca presencia en algunas zonas del país?

No. Eso no es cierto, es una discusión política. El Estado colombiano hace grandes esfuerzos por proteger a la población, por garantizar el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, debemos tener conciencia de que los responsables de las violaciones de derechos humanos son los grupos armados organizados.

Por eso la importancia de la aplicación de justicia cuando se conocen los casos, se documentan y cuando los responsables son llevados ante la justicia para que haya las sanciones correspondientes y podamos aplicar realmente la no repetición.

De otro lado, hay una permanente actividad de las Fuerzas Militares y de Policía para el control territorial en todo el país y unos programas de carácter social que van combinados para luchar contra estos grupos.

Hace unos días estuvimos en Chocó, en una comisión del Gobierno Nacional con el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Víctimas, la mesa de los indígenas y el gobernador del departamento en la zona selvática donde hay comunidades indígenas que están desplazadas y confinadas por el accionar del ELN y el Clan del Golfo.

Allí evidenciamos una cantidad de menores que están en riesgo y por eso el Gobierno ha priorizado la prevención del reclutamiento, en una estrategia que se presentó desde el año pasado. Están identificados 209 territorios de mayor riesgo.

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