La factura de cada cuatro años no la podemos seguir pagando los mismos

Los gobiernos pasan. Los funcionarios cambian de despacho. Los discursos se archivan. Pero las consecuencias de las decisiones equivocadas permanecen. Y, casi siempre, quienes terminan pagando somos los mismos: los ciudadanos, los emprendedores, los empresarios, los deportistas, los gestores culturales, los pequeños negocios y las familias que esperan que el Estado, por lo menos, no les ponga más obstáculos de los que ya tienen.

El balance de cuatro años de gobierno no puede medirse exclusivamente en discursos, reformas enmermeladas o promesas de cambio de alguna cosa. También debe medirse en los recursos que no llegaron a su destino, los proyectos que no se ejecutaron, las oportunidades que se perdieron y las obligaciones que ahora deberá asumir el Estado para corregir lo que quedó pendiente.

La Contraloría ha reportado 6.141 hallazgos con presunta afectación al patrimonio público por $25,9 billones entre 2022 y 2026, y cuando se revisan sectores específicos, la preocupación aumenta. En los recursos destinados a la paz, por ejemplo, se identificaron 344 hallazgos con posible incidencia fiscal por $1,16 billones.

La pregunta es inevitable: ¿quién responde por las consecuencias de una gestión pública que no consigue convertir los presupuestos en resultados?

Porque hay una Colombia que no puede seguir esperando. La del emprendedor que necesita financiación, la del empresario que requiere seguridad jurídica, la del deportista que depende de escenarios dignos, la del creativo que busca oportunidades y la de miles de colombianos que no tienen un gobierno para defenderse cuando las cosas salen mal.

La discusión tampoco puede quedarse en el terreno de las responsabilidades administrativas. Tiene que llegar a la responsabilidad política.

Quienes defendieron las decisiones de gobierno, quienes promovieron sus reformas y quienes justificaron sus actuaciones tienen una obligación con la ciudadanía: explicar qué defendieron, qué resultados obtuvieron y cómo responderán políticamente por las consecuencias de esas decisiones; y ojalá también económicamente.

No se trata de cobrarle una factura económica a alguien por su ideología, su militancia o su simpatía política. La responsabilidad fiscal y penal debe recaer, individualmente y con debido proceso, sobre quienes hayan incurrido en conductas que la justicia pueda demostrar. Pero la responsabilidad política no puede desaparecer detrás de un cambio de administración.

Colombia necesita recuperar algo más que sus finanzas. Necesita recuperar la responsabilidad por el manejo de lo público. La factura de los errores públicos no puede seguir llegando exclusivamente a los ciudadanos, y la rendición de cuentas no puede ser una ceremonia de despedida cada cuatro años. Tiene que ser una obligación permanente y ojalá con consecuencias.