Las garantías fundamentales no pueden tener color político

cuando se trata de antiguos integrantes de las FARC, hablan de reconciliación, segundas oportunidades, beneficios jurídicos y garantías; cuando se trata de personas que presuntamente pertenecieron a estructuras paramilitares, el discurso cambia. Aparecen la estigmatización, el reproche permanente y una condena social que parece no tener fecha de vencimiento.

Los recientes señalamientos que han circulado en medios de comunicación y escenarios políticos sobre posibles relaciones entre dirigentes nacionales y antiguas estructuras paramilitares vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué algunos políticos reclaman comprensión jurídica para unos antiguos actores del conflicto, pero parecen negarles a otros hasta las garantías más elementales?

No se trata de justificar el paramilitarismo, minimizar sus crímenes ni desconocer el sufrimiento de sus víctimas. Tampoco de restarle gravedad a los secuestros, homicidios, reclutamientos y demás atrocidades cometidas por las FARC. Se trata de exigir coherencia: si condenamos la violencia, debemos condenarla sin importar quién la haya ejercido; y si defendemos las garantías judiciales, debemos defenderlas para todos.

Pensemos, por ejemplo, en las controversias que han rodeado actuaciones administrativas y patrimoniales contra antiguos integrantes de las estructuras paramilitares. Se han planteado cuestionamientos sobre el posible uso de entidades estatales, como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para impulsar actuaciones que afectarían sus bienes, presuntamente desconociendo garantías del debido proceso. Algunas de estas actuaciones han sido señaladas como posibles escenarios de instrumentalización institucional e incluso han dado lugar a cuestionamientos sobre eventuales conductas de prevaricato, entre otras. Naturalmente, se trata de denuncias que deben ser examinadas y probadas por las autoridades competentes, no de responsabilidades que puedan darse por establecidas.

El punto es otro: ninguna entidad puede convertirse en instrumento de retaliación política o de castigo extrajudicial. Las actuaciones sobre la propiedad deben tener fundamento legal, respetar las competencias de las autoridades, permitir el ejercicio del derecho de defensa y estar sustentadas en pruebas. El Estado conserva la facultad de investigar nuevos hechos, recuperar bienes o adelantar procesos de extinción de dominio cuando corresponda; lo que no puede hacer es convertir el pasado de una persona en una autorización para desconocer indefinidamente sus derechos.

Y aquí aparece la contradicción política. Algunos dirigentes reclaman para los antiguos integrantes de las FARC oportunidades, beneficios y garantías, pero no muestran la misma sensibilidad cuando antiguos miembros de estructuras armadas de orillas ideológicas opuestas denuncian actuaciones institucionales que consideran arbitrarias o desproporcionadas. ¿Por qué la reconciliación parece tener destinatarios preferidos? ¿Por qué se exige comprensión para unos y se acepta el reproche perpetuo para otros?

El artículo 13 de la Constitución establece la igualdad ante la ley y el artículo 29 consagra el debido proceso y la presunción de inocencia. Ninguno contiene excepciones ideológicas. Una persona no pierde sus derechos fundamentales por haber pertenecido presuntamente a una organización ilegal. Tampoco queda automáticamente exenta de nuevas investigaciones por haber cumplido una condena. Lo que debe existir es una actuación legítima, individualizada y sometida a la Constitución.

Además, las víctimas de todos los actores armados merecen el mismo respeto. No hay víctimas de primera y de segunda categoría, como tampoco puede haber responsables cuyos derechos sean más importantes que los de otros. La verdad no puede ser selectiva y la memoria no puede convertirse en una herramienta de conveniencia política.

Una democracia se mide, precisamente, por la manera como trata a quienes generan mayor rechazo social. Es fácil defender los derechos de quien nos resulta cercano; el verdadero compromiso con la Constitución aparece cuando debemos reconocerlos también a quienes rechazamos.

No se trata de pedir menos beneficios para los antiguos integrantes de las FARC ni impunidad para los antiguos paramilitares. Se trata de exigir que los mismos principios rijan para todos: verdad, justicia, reparación, responsabilidad individual, debido proceso y respeto por la dignidad humana.

Las garantías fundamentales no son un premio para los buenos ni un privilegio reservado a quienes hicieron parte de una negociación política. Son derechos que el Estado debe respetar incluso frente a quienes cometieron los crímenes más graves. Si defendemos las garantías de unos y aceptamos que se desconozcan las de otros, no estamos defendiendo la justicia: estamos practicando una peligrosa forma de discriminación.