Del ingreso real a los cuartos de salario mínimo: ¿se excedió el Gobierno de Petro con el Decreto 991?

La Ley 2466 de 2025 incorporó un régimen especial para los trabajadores digitales de reparto con una finalidad clara: ampliar su acceso a la protección social sin desconocer las particularidades de una actividad caracterizada por la autonomía, la flexibilidad y los ingresos variables. Sin embargo, el Decreto 991 de 2026 plantea serias dudas sobre si la reglamentación terminó excediendo el alcance de la norma que pretendía desarrollar.

La ley había adoptado una fórmula relativamente sencilla. Para los repartidores independientes, el IBC correspondería al 40% de los ingresos efectivamente percibidos a través de la plataforma y los aportes a salud y pensión se financiarían de manera concurrente entre plataforma y trabajador. El Gobierno fue facultado para reglamentar las condiciones aplicables a quienes obtuvieran ingresos inferiores a un salario mínimo.

No obstante, en materia pensional en lugar de limitarse a establecer reglas operativas para esos casos, el Decreto 991 creó un complejo sistema de cotización basado en cuartos de salario mínimo. Bajo este esquema, la cotización deja de depender exclusivamente del ingreso efectivamente percibido y pasa a determinarse mediante rangos predeterminados que pueden no reflejar la realidad económica de cada trabajador.

La situación resulta especialmente problemática en el sistema pensional. Mientras la Ley 2466 partía de un IBC calculado sobre los ingresos efectivamente percibidos, el decreto introduce una lógica de cotización por rangos que puede conducir a que trabajadores con ingresos reales distintos reciban el mismo reconocimiento de semanas y coticen sobre bases idénticas. Lo que inicialmente se concibió como un modelo basado en el ingreso real terminó convertido en un sistema de cuartos de salario mínimo cuya correspondencia con la realidad económica de cada repartidor resulta discutible.

La principal crítica radica en que el modelo abandona el criterio de ingreso real que inspiró la reforma laboral. Así, dos repartidores con ingresos diferentes pueden terminar ubicados en el mismo rango y cotizando sobre una base idéntica. La consecuencia es una ruptura entre la capacidad contributiva efectiva y la obligación de aportar, principio que históricamente ha orientado el sistema de seguridad social colombiano.

Las inquietudes también se extienden al Sistema General de Riesgos Laborales. El decreto exige que la cobertura se estructure sobre una base equivalente a un salario mínimo, incluso en escenarios donde los ingresos obtenidos por el trabajador a través de una plataforma sean considerablemente inferiores. Aunque la medida busca garantizar una protección adecuada frente a la alta exposición al riesgo vial, genera interrogantes sobre su proporcionalidad y sostenibilidad económica.

Desde una perspectiva regulatoria, la discusión de fondo consiste en determinar si el decreto desarrolló la ley o si, por el contrario, introdujo elementos sustancialmente nuevos que modifican su alcance. La potestad reglamentaria permite hacer operativas las disposiciones legales, pero no sustituir las decisiones adoptadas por el Congreso.

La protección social de los trabajadores de plataformas es un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, dicho propósito debe alcanzarse mediante mecanismos que respeten los criterios definidos por el legislador, reflejen de manera adecuada los ingresos reales de los trabajadores y preserven la seguridad jurídica. De lo contrario, el riesgo es que una regulación llamada a promover la formalización termine generando mayores costos, complejidades operativas e incentivos contrarios a los que buscaba la reforma laboral.