Fiscalía sustituida por comisión contratada por la alcaldesa de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá contrató, con el apoyo de Naciones Unidas y quién sabe por qué razón, una investigación “independiente” cuya conclusión es que la Policía Nacional de Colombia es responsable de la muerte de 11 personas durante los dos días de manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad de Bogotá en septiembre del año pasado, luego de lo que el informe califica como el asesinato de Javier Ordóñez.

Según la investigación contratada los hechos ocurridos entre el 9 y el 10 de septiembre de 2020 constituyen una "masacre" y durante esos días -dice el informe- se incurrió en prácticas violentas consistentes en detenciones arbitrarias, estigmatización de la protesta social, uso ilícito de la fuerza, impunidad y violencia contra la Fuerza Pública.

Los resultados de esa investigación fueron presentados por la alcaldesa en el día de ayer, 13 de diciembre de 2021, en actitud verdaderamente histriónica, “en medio de las lágrimas” a las que ya nos tiene acostumbrados, en un acto que va en línea con lo que planteó el pasado 9 de septiembre, fecha en que se pronunció en favor de realizar una reforma estructural de la Policía, acto que parece acompasar el proyecto de ley que presentaron pocos días antes varios congresistas en el mismo sentido, ya se imaginarán de qué corriente política.

Este informe ha de verse como complementario del que en su momento rindió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión de la visita que realizó al país en el mes de junio de 2021, que hizo graves señalamientos al Estado colombiano.

Lo primero que uno debe preguntarse es cuál es la razón de haber contratado esta investigación, cuando se supone que la Fiscalía General de la Nación es la llamada a investigar estos hechos. La respuesta es obvia: la alcaldesa quiere darle soporte a la comentada reforma estructural de la Policía, cuyo único propósito es debilitarla aún más de lo que ya está.

Ha de recordarse que desde el inicio de su gestión como alcaldesa de Bogotá ha querido humillar a la Policía, refiriéndose despectivamente a esta y dejando enteramente de lado y en el olvido las atribuciones constitucionales y legales que como alcaldesa le corresponden en materia de orden público, consistentes en conservarlo y restablecerlo cuando quiera

que este se vea perturbado, además de velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas.

A la alcaldesa poco importan los excesos cometidos por los manifestantes y por la denominada “primera línea” con tal de obtener su deseada reforma. Poco le importó el costo del vandalismo en ese entonces y poco ha hecho por la seguridad ciudadana.

En el período enero – octubre de 2021, comparado con el mismo período del año anterior, los homicidios crecieron el 12% y su tendencia es creciente pues comparados los solos meses de octubre el crecimiento es del 19%. El hurto a personas creció un 28%, también con tendencia creciente pues mes vs. mes el crecimiento de octubre es del 34% y el hurto a automotores crece el 6,8%.

La verdad es que los policías tienen miedo de enfrentar a los manifestantes. No solo cuentan con instrumentos débiles para enfrentar el vandalismo y el terrorismo, sino que, cuando lo hacen, son inmediatamente perseguidos por ciertas ONGs, defensores de derechos humanos, organismos internacionales y ahora por la propia alcaldesa, cuando ella es la jefa de la policía en el ámbito local. Los policías no tienen quién los defienda jurídicamente y deben afrontar en condiciones precarias los procesos penales e investigaciones que cursan contra ellos. Su situación es tan delicada que para ellos termina siendo mejor no hacer nada contra los autores de la violencia, quienes, dicho sea de paso, fabrican montajes en las redes sociales para responsabilizar a los policías de lo que no han hecho.

Lo anterior no significa que en el ejercicio de su tarea no hayan incurrido, por excepción u ocasionalmente, en excesos y desde luego estos deben ser castigados, pero lo que existe es una campaña bien orquestada para debilitar a la Policía, debilitamiento que va contra la población requerida de defensa y que, en cambio, termina beneficiando al delincuente y a quienes están interesados en promover el caos institucional y el desorden callejero.

No se puede pretender manchar una institución por unos pocos casos y tampoco se puede sustituir a las autoridades legítimamente constituidas para que una comisión que dice ser independiente haga las veces de aquellas. El Gobierno Nacional y la Fiscalía no pueden cohonestar este tipo de informes y debe haber una reacción contra estas prácticas de la alcaldesa, que quieren desdibujar a las autoridades.

Es hora de que la alcaldesa asuma las responsabilidades que le competen y haga frente a la inseguridad que padece la capital, en lugar de andar en cacería de brujas para crear mayores grietas que solo se traducirán en mayor inseguridad e impunidad.

P.D.: Formulé el 3 de noviembre de 2021 y luego nuevamente el 24 de noviembre, por correo electrónico, derecho de petición al Ministerio de Educación para que me sea suministrada copia del acuerdo suscrito entre ese Ministerio y Fecode hace algunas semanas, que permitió el levantamiento del paro nacional de maestros. A la fecha no me ha sido respondida la petición. ¿Será necesario interponer acción de tutela?

El interés de conocer el acuerdo celebrado con Fecode es obvio: evaluarlo, toda vez que no se puede dejar la educación en manos de un sindicato como ese, que ha demostrado no interesarle la educación salvo como mecanismo para la toma de poder. El sector de educación requiere decisiones fuertes, aún a riesgo de que en el corto plazo se produzcan nuevos disturbios. Es menester saber si se siguen o no remunerando los paros. La figura de compensar el tiempo perdido es una forma de seguir alimentándolos. Si no hay servicio no debe haber remuneración. Son demasiados recursos, pero mal distribuidos y con resultados mediocres, con una muy pobre calidad de la educación.