El futuro energético de Colombia: promesas verdes en un sistema vulnerable

El sector energético colombiano en 2025 enfrenta una coyuntura que no puede seguir siendo postergada. Con una matriz en la que el 66,8% de la generación sigue dependiendo de las hidroeléctricas, el país permanece atado a la vulnerabilidad climática. Fenómenos como El Niño ponen en jaque la seguridad energética, mientras que las fuentes renovables no convencionales apenas alcanzan un 0,7% de participación. La brecha con países que avanzan con decisión hacia la diversificación energética nos muestra que Colombia no ha dado aún el salto que prometió.

La demanda eléctrica, en contraste, no deja de crecer. Entre 2021 y 2025 el sistema solo incorporó el 1,4% de la capacidad de generación que se había proyectado, lo que genera un riesgo de déficit difícil de ocultar. Fitch Ratings ya advirtió que la inestabilidad en el Cargo por Confiabilidad puede poner en riesgo la estabilidad del sistema y abrir la puerta a apagones. Esto no es un tema técnico menor, sino un problema que puede impactar el crecimiento económico y la vida diaria de millones de colombianos.

Las necesidades de inversión son otro nudo crítico. En los próximos diez años el país debe invertir al menos 40 billones de pesos: 18 billones en generación, 12 billones en transmisión y 10 billones en distribución. Pero la realidad es que los proyectos enfrentan trabas ambientales, conflictos sociales y una creciente desconfianza de los inversionistas ante la falta de reglas claras. Andeg y Acolgen han sido insistentes en reclamar estabilidad regulatoria, pero el Estado parece más ocupado en discursos que en soluciones concretas.

El gobierno insiste en que Colombia debe convertirse en potencia mundial de la vida y alcanzar cero emisiones netas en 2040. Sin embargo, los resultados hablan de otra cosa. La meta de instalar 6 GW en energías renovables sigue distante, y los proyectos en curso avanzan lentamente. ENEL Colombia lidera con plantas solares y programas de conservación, pero no basta con que unos pocos actores impulsen la transición; se requiere una política pública coherente y un compromiso real del Estado.

En tal sentido, la transición energética justa, más que un concepto, debe convertirse en una hoja de ruta. En regiones como La Guajira o el Cesar, donde la minería del carbón sostiene a miles de familias, la falta de alternativas productivas genera incertidumbre y resistencia. La transición no puede ser justa si se limita a reemplazar fuentes de energía sin ofrecer a los trabajadores nuevas oportunidades de empleo ni garantizar que los beneficios lleguen a las comunidades locales.

Las comunidades, además, han denunciado que en algunos casos los proyectos renovables reproducen viejas formas de exclusión. Pueblos indígenas han señalado la falta de consulta previa y la ausencia de beneficios compartidos. Si el Estado no garantiza participación efectiva y redistribución de los frutos de la transición, los nuevos parques solares o eólicos corren el riesgo de convertirse en focos de conflicto en lugar de motores de desarrollo.

Ahora, la falta de ejecución es, quizá, el mayor obstáculo. El Plan Energético Nacional 2020–2050 traza una ruta hacia la sostenibilidad, pero la implementación se ha visto frenada por la falta de coordinación institucional, rezagos normativos y lentitud en la toma de decisiones. Colombia corre el riesgo de repetir el error de los noventa, cuando la falta de planeación llevó a los apagones que afectaron la economía y la vida diaria de la población. La historia ya nos mostró el costo de la improvisación.

La ciudadanía también debe ser parte activa de esta transformación. La transición no será posible si no se acompaña de pedagogía y conciencia sobre el ahorro energético. Hoy, la mayoría de los colombianos ve la energía como un tema lejano y técnico, pero la realidad es que está en el centro de la vida cotidiana, desde el recibo mensual hasta la sostenibilidad de los servicios básicos. Una transición justa también debe educar y empoderar al consumidor.

En conclusión, el futuro energético de Colombia está en juego. No basta con discursos ambiciosos ni con promesas de ser líderes en energías renovables; se requiere inversión seria, reglas claras, inclusión social y territorial, y voluntad política para ejecutar. El país necesita pasar de las consignas a la acción, de la improvisación a la planificación y de la desigualdad a la justicia energética. Solo así podremos garantizar que la energía sea motor de desarrollo, competitividad y equidad, y no un obstáculo que nos condene a la incertidumbre.