Tasa de usura: ¿y si empezamos por el crédito productivo?
En los últimos días, producto del Latam Fintech Market que se realizó la semana pasada, la tasa de usura volvió al centro del debate.
01:29 p. m.
David Vélez, fundador de Nubank, reiteró su planteamiento de eliminarla porque, aunque busca proteger al consumidor, puede terminar excluyendo del crédito formal a quienes tienen mayor riesgo o poco historial financiero.
Prestar tiene costos y riesgos que no son iguales para todos. Cuando ambos se acercan al máximo que puede cobrarse, el intermediario puede prestar menos, aumentar el tamaño de las operaciones o concentrarse en clientes menos costosos. Un crédito más barato sirve de poco si deja de estar disponible.
En Colombia no tenemos una sola tasa de usura, y quizás ahí debería empezar la discusión. La regulación ya establece límites distintos según la modalidad. Para septiembre, el techo para consumo y ordinario se fijó en 29,24%, mientras para el crédito productivo rural se estableció en 32,64%.
La diferencia no es grande, aunque es claro que financiar una actividad productiva rural puede implicar mayores costos de originación, seguimiento y atención de clientes dispersos. El crédito productivo financia capital de trabajo, producción e inversión: recursos destinados a una actividad que genera ingresos y capacidad de pago. Por eso, si se discute flexibilizar los límites actuales, vale la pena mirar primero las modalidades que financian la producción.
Una investigación reciente del Observatorio Financiero Rural (OFR) estudió lo ocurrido en el crédito de fomento agropecuario tras reformas de 2023 que modificaron las categorías de crédito productivo e hicieron más restrictivos algunos techos aplicables al crédito productivo rural. En el universo estudiado de pequeños productores y pequeños productores de ingresos bajos, para operaciones de hasta 120 salarios mínimos, el número de créditos cayó 22,3%, mientras el volumen desembolsado aumentó 5,6% y el tamaño promedio creció 36%.
Es decir, hubo menos operaciones, pero de mayor tamaño. También cambió qué se financiaba: aumentó el peso del capital de trabajo y cayó el de inversión, y, además, cayó el peso del crédito destinado a la producción, mientras subió la transformación y comercialización. El resultado muestra por qué mirar solo cuánto crédito se desembolsa puede ocultar cambios importantes en su composición.
Hay una segunda razón para empezar por el crédito productivo: revisar cómo se construye su techo. En el crédito productivo rural, la tasa de referencia incorpora condiciones financieras favorables. Estas operaciones reducen el promedio que luego sirve para fijar el límite, por lo que podemos terminar usando el precio de créditos fondeados en condiciones especiales para determinar cuánto puede cobrar quien presta sin esas mismas condiciones.
El problema no es solo qué tan alto o bajo es el techo, sino si la metodología refleja adecuadamente el costo de ofrecer ese crédito. Una regla diseñada para abaratarlo podría, paradójicamente, reducir el espacio para ofrecerlo.
Flexibilizar un techo tampoco resuelve por sí solo los problemas de acceso al crédito. La competencia, la transparencia sobre el costo total, mejor información y protección frente a prácticas abusivas siguen siendo fundamentales. Pero el debate no debería concentrarse únicamente en cuánto consideramos aceptable cobrar por prestar. También debería preguntarse qué ocurre con el número, el tamaño y la composición de los créditos cuando fijamos ese precio
En el crédito productivo, esa pregunta tiene consecuencias directas sobre la financiación de actividades que generan producción e ingresos.