Importamos fertilizantes, enterramos la solución

El inestable escenario geopolítico internacional afecta a propios y extraños. Lo vemos en los altos precios de los combustibles, en organizaciones multilaterales con reacciones lánguidas frente al tamaño de los desafíos y también —tal vez de manera menos obvia— en el agro, que sufre por el aumento del costo de los fertilizantes químicos (inorgánicos), de los cuales Colombia importa la gran mayoría.

No es un asunto menor. Colombia importa cerca del 81% de tres de sus principales fertilizantes —urea, DAP y KCl— y aun buena parte de los fertilizantes NPK que se producen en el país dependen de materias primas importadas. La guerra en Ucrania ya había demostrado la vulnerabilidad que esto supone. Rusia es uno de los grandes jugadores del mercado mundial de fertilizantes y el conflicto alteró un mercado altamente concentrado, afectando precios, disponibilidad y costos de transporte. Según el Min Agricultura, durante 2022 algunos indicadores de precios de insumos agropecuarios en Colombia llegaron a registrar aumentos superiores al 60% en doce meses.

Ahora el conflicto con Irán ha puesto en boca de todo el mundo un nombre que hasta hace poco resultaba lejano para la mayoría de los colombianos: el estrecho de Ormuz. Por allí transita una porción importante del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa internacionalmente. Cualquier interrupción tiene efectos sobre los precios de la energía, el transporte y, por esa vía, nuevamente sobre los costos de producción de fertilizantes y otros insumos agrícolas.

Es decir, una guerra a miles de kilómetros de distancia termina afectando cuánto cuesta producir una tonelada de arroz, maíz, palma, cacao o cualquier otro producto agrícola en Colombia.

Lo anterior plantea una urgente necesidad de tomar acciones para proteger la producción del campo, tanto de los campesinos como de la agroindustria, notablemente expuestos a una escalada de precios sobre la cual tienen muy poco control.

Pero esta situación también presenta una gran oportunidad para el país.

Por demasiado tiempo hemos implementado prácticas agrícolas que no siempre responden a los mejores intereses ni a las necesidades del país y que, de manera creciente, muestran consecuencias negativas. Para la muestra un botón.

En la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 surgieron tres grandes convenciones internacionales para enfrentar tres problemas ambientales globales: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación y degradación de los suelos.

Esta última se trazó una meta particularmente relevante para el agro: alcanzar para 2030 la neutralidad en la degradación de las tierras. En términos sencillos, que el mundo deje de perder, en términos netos, tierras sanas y productivas. Sin embargo, vamos en la dirección contraria: según la Convención, la proporción de tierras degradadas reportadas aumentó 4% entre 2015 y 2019. Para alcanzar la neutralidad, ahora sería necesario restaurar alrededor de 1.500 millones de hectáreas antes de 2030, aproximadamente 13 veces el tamaño de Colombia.

Llama la atención que parte de la solución a este problema ya está inventada. A diferencia de otros sectores de la economía que siguen necesitando energía y frente a los cuales la electrificación todavía presenta enormes desafíos, aquí una parte de la solución está literalmente en la basura.

No se equivoca el lector: en la basura de su propia casa.

Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, entre el 50% y el 60% de los residuos sólidos generados en Colombia corresponden a materia orgánica. En la gran mayoría del territorio nacional —y esto es aplicable a buena parte de los países del sur global— estos residuos no se transforman ni se aprovechan y terminan en rellenos sanitarios, donde ocupan espacio y, durante su descomposición, generan metano.

El problema no termina allí. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO₂ en el corto plazo y ha sido responsable de cerca del 30% del calentamiento global observado desde la era preindustrial.

Al ser aprovechados adecuadamente, esos mismos residuos pueden convertirse en insumos orgánicos y regenerativos que presentan una alternativa no solo para el agro, sino también para el saneamiento de nuestras ciudades.

Y aquí aparece otra paradoja.

Colombia enfrenta una creciente crisis de disposición de residuos. De los 168 sistemas autorizados de disposición final identificados en el país en 2023, 115 requerían acciones prioritarias para garantizar su continuidad: 29 ya habían agotado su vida útil, 48 tenían menos de tres años disponibles y otros 38 entre tres y diez años.

Si este es el caso, ¿qué hacemos enterrando materia orgánica, ocupando la escasa capacidad disponible de nuestros rellenos sanitarios y generando metano, mientras pagamos cada vez más por fertilizantes manufacturados a miles de kilómetros de distancia por razones que, en principio, poco tienen que ver con nosotros?

Lo anterior señala que no estamos cortos de materia prima para producir abonos y otros insumos orgánicos. El problema no está necesariamente en la oferta. Está también en la demanda.

La agricultura orgánica sigue representando una proporción muy pequeña de la producción agrícola nacional y las prácticas regenerativas, aunque vienen ganando espacio, todavía están lejos de ser predominantes. Y tristemente, un productor que quiere certificar determinadas prácticas sostenibles debe asumir el costo de demostrar que hace las cosas mejor, mientras quien continúa degradando el suelo no necesariamente enfrenta un costo equivalente. El mundo al revés.

Esta situación presenta una gran oportunidad para el Gobierno nacional.

Una política decidida de aprovechamiento de residuos orgánicos podría atacar varios problemas al mismo tiempo: reducir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios; mitigar emisiones de metano; generar una industria nacional de insumos agrícolas; mejorar la estructura, fertilidad y capacidad de retención de agua de los suelos; y reducir parcialmente nuestra dependencia de insumos importados.

Esto no quiere decir que mañana podamos reemplazar todos los fertilizantes químicos por compost o abonos orgánicos. No podemos. Cada suelo, cada cultivo y cada sistema productivo tienen necesidades diferentes. Pero sí podemos complementar el uso de fertilizantes minerales, reducir su utilización donde técnicamente sea posible y, sobre todo, recuperar la salud de los suelos para hacer nuestra agricultura menos dependiente y más resiliente.

La Orinoquía colombiana, señalada durante décadas por su enorme potencial agrícola, muestra con particular claridad esta paradoja. Buena parte de sus suelos son ácidos, tienen bajos contenidos de materia orgánica y presentan condiciones que hacen costoso desarrollar proyectos agrícolas de escala. Aun así, valientes productores vienen abriendo camino con proyectos de marañón, sistemas agroforestales, ganadería regenerativa y otros modelos productivos. Pero el potencial de la región sigue aprovechándose de manera marginal.

La Orinoquía requiere enormes cantidades de materia orgánica para mejorar sus suelos. Mientras tanto, las ciudades colombianas pagan todos los días por transportar y enterrar miles de toneladas de esa misma materia.

Tenemos, entonces, dos problemas que parecen distintos pero que pueden ser parte de una misma solución: ciudades con demasiados residuos orgánicos y suelos agrícolas que necesitan materia orgánica.

Ahí existe una oportunidad concreta de política pública: incentivar la separación y el aprovechamiento de residuos orgánicos; facilitar la construcción de plantas regionales de transformación; fortalecer los estándares de calidad para que los agricultores sepan qué están comprando; acompañar técnicamente su aplicación; y generar incentivos para que utilizar insumos nacionales y recuperar el suelo resulte económicamente atractivo para el productor.

La coyuntura internacional debería servirnos de advertencia. Colombia no puede controlar una guerra en Ucrania, las decisiones de Washington o Teherán, ni lo que ocurre con los barcos que atraviesan el estrecho de Hormuz. Pero sí puede decidir qué hace con sus residuos, cómo recupera sus suelos y cuánto quiere depender de insumos producidos a miles de kilómetros de distancia.

La próxima crisis de fertilizantes seguramente también vendrá de algún lugar sobre el cual Colombia tendrá muy poco control. Lo que no tiene sentido es que nos encuentre nuevamente pagando más por traer insumos desde el otro lado del mundo mientras seguimos enterrando parte de la solución en nuestros propios rellenos sanitarios.