Germán Vargas Lleras y el talante de la ejecución en Colombia

La muerte de Germán Vargas Lleras dejó un inusual vacío en la política colombiana. El vacío de alguien a quien se le podían discutir muchas cosas, menos la obsesión por ejecutar. Fue una figura áspera, muchas veces antipática, con maneras que nunca buscaron caerle bien a todo el mundo. Pero también fue, durante décadas, uno de esos políticos que entendían que el poder no era un espectáculo, sino tramites con propósito, decisiones, cumplimiento de metas y seguimiento de ellas. Y es que pasó por casi todos los escalones del servicio público —concejal, congresista, ministro, vicepresidente y candidato presidencial— y terminó construyendo la imagen de un ejecutor eficaz.

En Colombia, donde la política se ha ido llenando de indignación rentable y de promesas que duran lo mismo que una tendencia, esa palabra —ejecución— casi parece anticuada. Y, sin embargo, debería ser una de las virtudes más exigentes del servicio público. Ejecutar no es inaugurar una obra en una foto ni aparecer en la rueda de prensa correcta. Ejecutar es tener oficio para que las decisiones se conviertan en leyes, para que las leyes se conviertan en políticas, y para que las políticas terminen tocando la vida de la gente. Ahí estuvo, precisamente, la singularidad de Vargas Lleras.

Fue elegido senador por primera vez en 1994 y estuvo en el Congreso durante cuatro periodos consecutivos. En 2002 consiguió la tercera votación más alta del país, con 210.499 votos, y en 2006 se convirtió en el candidato al Senado más votado de Colombia. Entre uno y otro momento, además, sus colegas lo eligieron presidente del Senado en julio de 2003, un punto de inflexión que confirmó que poseía peso propio dentro del Capitolio Nacional.

Su paso por el Congreso también estuvo marcado por un férreo control político, documentado y capaz de mover la opinión pública. En octubre de 2001, en pleno debate sobre la zona de distensión del Caguán, denunció en el Senado que allí se estaban cometiendo delitos graves, habló de secuestrados asesinados, del crecimiento de los cultivos ilícitos y de pistas usadas para el tráfico de armas y estupefacientes. Más allá de las controversias propias de ese momento, ese episodio lo consolidó como una de las voces más incisivas del Congreso frente a la seguridad del país.

Entre los proyectos de ley que impulsó está el que creó la Sociedad por Acciones Simplificada, sancionado después como la Ley 1258 de 2008, una de las reformas societarias más influyentes de las últimas décadas por su utilidad para formalizar empresas y reducir rigideces jurídicas. También gestó la regulación del pago de cesantías parciales a los servidores públicos, una iniciativa que terminó convertida en la Ley 1071 de 2006 y que buscaba fijar reglas y plazos para su cancelación oportuna. Son dos ejemplos de acciones para destrabarle problemas concretos a la gente y al aparato estatal. Además, de su autoría salió el proyecto que dio origen a la Ley 1333 de 2009, que estableció el procedimiento sancionatorio ambiental, definiendo infracciones, medidas preventivas y reglas para sancionar daños al medio ambiente. Vargas Lleras fue un legislador que intentó dejar sólidas bases institucionales donde veía opacidad, rigidez o vacío normativo.

Como ministro del Interior y de Justicia, en el arranque del gobierno Santos, Vargas Lleras fue una pieza clave en la agenda legislativa, pues en la legislatura que terminó en junio de 2011 el Gobierno logró aprobar 46 leyes, y 15 de ellas habían sido impulsadas desde el ministerio que él encabezaba. Entre las más recordadas estaban la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, el Estatuto Anticorrupción y la Ley de Seguridad Ciudadana. No eran leyes menores ni cosméticas. La Ley 1448 creó un marco de atención, asistencia y reparación integral para las víctimas del conflicto, con instituciones, rutas de acceso y medidas de restitución. La Ley 1454 buscó ordenar mejor la relación entre Nación y territorios. La Ley 1474 reforzó los mecanismos de prevención e investigación de actos de corrupción. Y la Ley 1453 reformó normas penales y de procedimiento para enfrentar distintos delitos.

Ese dato, visto hoy, dice mucho más de lo que parece. Dice que hubo un momento en que un ministro del Interior no medía su éxito por la cantidad de entrevistas concedidas ni por el volumen de insultos intercambiados con sus rivales, sino por su capacidad de mover una agenda legislativa pesada, compleja y políticamente costosa. Eso permite reconocer la cualidad de entender el Estado como una máquina que debe funcionar, no como una escenografía ideológica.

Más tarde, cuando pasó por Vivienda y luego llegó a la Vicepresidencia, esa misma lógica se trasladó de los textos normativos a las obras. El programa de vivienda gratuita terminó sus primeras 100.000 viviendas en noviembre de 2015, según reportó el propio Ministerio de Vivienda, y se dirigió a hogares vulnerables, muchos de ellos desplazados, en pobreza extrema o afectados por desastres. Ese resultado, que por supuesto puede discutirse en su calidad urbana o en sus límites de política social, tuvo una virtud que hoy escasea: existió, se ejecutó y fue medible. No se quedó en una narrativa de buenas intenciones populistas.

Eso sucedió, por ejemplo, con la modernización de los aeropuertos de Colombia. Bajo la coordinación de Vargas Lleras, el Gobierno Nacional reportó en 2017 que había 58 aeropuertos modernizados o en vía de ampliación, con inversiones superiores a $3 billones. No solo con aeropuertos de capitales de departamentos, sino regionales, hecho que contribuyó a mejorar la conectividad, la movilidad y la competitividad de lugares históricamente aislados. Retrato de eso fue cuando en 2015 la Aerocivil adjudicó por $16.462 millones la modernización de Guaymaral, Florencia y San Vicente del Caguán.

Algo parecido ocurrió con la infraestructura vial. Las vías 4G fueron un programa concreto de país. La ANI lo describía como una apuesta para rehabilitar y construir cerca de 7.000 kilómetros de vías, con más de 1.370 kilómetros de dobles calzadas, 141 túneles y 1.300 viaductos. Nadie puede atribuirle en solitario un programa de ese tamaño a una sola persona, porque detrás hubo institucionalidad, técnicos, concesiones, financiamiento y equipos enteros. Pero sí es justo decir que Vargas Lleras se convirtió en el rostro político más visible de esa ambición de modernización, y que supo capitalizarla porque entendió que la infraestructura no solo se planea, sino que también se impulsa políticamente.

Tal vez por eso cuesta encontrar hoy dirigentes comparables en esa mezcla de oficio legislativo, disciplina administrativa y voluntad de entrega. No porque no existan funcionarios valiosos o alcaldes eficaces. Claro que los hay. Pero figuras nacionales que combinen debate, trámite, ejecución y obsesión por el resultado visible hay muy pocas. La política colombiana se fue llenando de expertos en opinión, de influencers, de artistas del discurso, de predicadores del cambio permanente y de administradores de simbolismos.

Eso no significa comprar entero su estilo ni olvidar sus zonas grises. Sería un error convertir esta columna en un homenaje ciego. Vargas Lleras dividía, incomodaba y, en ocasiones, parecía hablarle al país desde una mezcla de impaciencia y severidad que lo alejaba de muchos ciudadanos. No cultivó una política cariñosa ni buscó jamás parecer suave. Y quizá esa misma dureza terminó pasándole factura en un tiempo en el que la política empezó a premiar otras habilidades como la empatía, la capacidad de viralizarse y la facilidad para contar historias sobre uno mismo.

Por eso el legado de Vargas Lleras no está en haber sido querido por todos, sino en haber demostrado que todavía era posible conectar el oficio político con la ejecución material del Estado. En un país acostumbrado a presidentes, ministros y congresistas que anuncian más de lo que entregan, eso ya es bastante. Quizá por eso su trayectoria deja una lección útil para este momento colombiano. La política necesita ideas, claro. Necesita visión, sensibilidad social y capacidad de escuchar. Pero también necesita gente que sepa hacer que las cosas pasen. Gente que entienda un proyecto de ley, destrabe una entidad, persiga un cronograma, visite una obra, corrija un atraso y convierta el presupuesto en algo palpable para la ciudadanía.

A veces se habla de Germán Vargas Lleras como si hubiera sido solo un político duro de una época que ya pasó. Yo creo que fue algo más incómodo para nuestro tiempo. Fue la prueba de que, aun con todos sus defectos, sí era posible ejercer la política como una combinación de conocimiento del Estado, disciplina y resultados. Y en una Colombia fatigada de charlatanes “brillantes”, esa rareza vale más de lo que muchos estarían dispuestos a admitir.