La crítica que se volvió consuetudinaria

En los últimos años hemos visto cómo se culpa al Estado por muertes de niños en bombardeos a campamentos terroristas. Vemos cómo se juzga y se condena en la picota pública al presidente y a sus ministros de defensa de turno al mismo tiempo que se guarda un silencio cómplice con quienes crearon la costumbre de raptar de sus casas a menores de edad para reclutamiento forzoso y abusos sexuales sistemáticos.

El Derecho Internacional Humanitario consuetudinario tiene normas muy claras al respecto, desde la condena a la utilización de los escudos humanos. La norma 97 claramente dice “Queda prohibida la utilización de escudos humanos”.

Los escudos humanos, ya sean civiles que trabajan en instalaciones que puedan ser objetivos militares válidos y legítimos hasta la utilización de prisioneros, está prohibida. En ambos casos se consideran civiles rehenes y sépase que también está prohibida la toma de rehenes.

Sobre la definición de los objetivos militares válidos o legítimos, el DIH consuetudinario señala en su norma #8 que son objetivos legítimos los establecimientos, edificios y posiciones que alberguen a combatientes enemigos, su material y armamento.

De nuevo podemos ver que los ataques a combatientes son legítimos y cuando un grupo terrorista convierte en combatientes a niños de 12, 13 o 14 años, es ese grupo terrorista quien está cometiendo un crimen de guerra, no el Estado al atacarlos para conseguir, como reza la norma, una ventaja militar definida.

Los puntos anteriores nos llevan a hablar de la norma 136, la que prohíbe reclutar menores. “Las fuerzas armadas o los grupos armados no deberán reclutar niños”. Aunque se hablaba inicialmente de un límite de edad de 15 años, en la norma se establece que el límite de edad se fijó ya en 18 años. A esto se suma lo que se establece en la norma 93: “Quedan prohibidas las violaciones y cualquier otra forma de violencia sexual”.

En días pasados hemos visto una nueva arremetida de la oposición contra el Gobierno y la exigencia a que presente su renuncia el ministro de la defensa por la lamentable muerte de unos niños en otro bombardeo.

Lo que debería pasar acá es que el país se una y en bloque pida la renuncia de los que desde el Congreso intentan maniatar al Gobierno mientras que no señalan a los verdaderos culpables de esas muertes quienes, en clara violación de varias normas del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, como se mostró más arriba.

Igualmente, la sociedad debería exigir la salida del Congreso de quienes hoy disfrutan los privilegios de ser congresistas mientras que en el pasado ordenaron tantos crímenes de guerra que quedaron impunes.

A estas alturas, no creo que haya justicia. Al menos la sociedad debería exigir que no se conviertan en honorables padres de la patria a quienes acabaron con los sueños de miles de niños.