Las listas cerradas: una apuesta por la renovación y la coherencia programática

El proyecto de reforma política ha generado un debate acerca de su viabilidad y pertinencia para mejorar aspectos urgentes del andamiaje del sistema político colombiano. La discusión se ha centrado sobre las “listas cerradas” que, para varios políticos, activistas, periodistas e independientes supondrían una amenaza contra la democracia y entorpecerían la llegada al Congreso de nuevos liderazgos. 

Detrás de las críticas a las “listas cerradas” y la defensa a ultranza del “voto preferente” existen presunciones que merecen revisión. Actualmente, Colombia se rige por un sistema mixto en el que los partidos y movimientos políticos pueden presentar un listado de personas en las que los electores o bien pueden elegir a sus representantes para Congreso (Senado y Cámara de Representantes), Asambleas Departamentales y Concejos con el voto preferente o bien puede escoger una lista en la que existe un orden preestablecido decidido por el partido y en el que el sufragante solamente designa al movimiento.

Para los críticos de las listas cerradas, esto atenta contra las chances de que lleguen nuevos liderazgos y entorpece el camino, por ejemplo, para la llegada de activistas o influenciadores cuya presencia en el legislativo a raíz de las ultimas elecciones ha sido patente. Jota Pe Hernández, recién elegido senador (con la tercera votación más alta) y quien se dio a conocer a través de las redes sociales, considera que, con las listas cerradas los electores no saben por quiénes están votando y los políticos son designados por un cacique a quien, en determinados casos, incluso, se le ofrecen coimas. Jota Pe habla de que por encabezar una lista se cobrarían hasta 400 millones de pesos. 

Ahora bien, casos como el de Rodolfo Hernández y el mismo senador en cuestión, muestran los riesgos de la excesiva personificación y de la carencia de definiciones programáticas e ideológicas por parte de candidatos y políticos. 

Ahora bien, al margen de la lógica de tales argumentos, están basados en generalidades y denuncian defectos que con el sistema actual no serán corregidos, ni en términos de representatividad, ni de renovación. 

El costo que asume Colombia por mantener el sistema del voto preferente en términos de la personificación de la política excede los beneficios en términos de renovación y representatividad. Más aún cuando se observan que muchas veces esos liderazgos electorales son pasajeros, no transcienden y lo que es peor: al no estar insertos dentro de una estructura partidista, el proceso de rendición de cuentas y trasparencia es menos probable. Basta observar el caso de Rodolfo Hernández. 

La democracia debe suponer liderazgos colectivos y colegiados porque los mismos partidos deben ejercer control sobre sus lideres y militantes. En el caso latinoamericano, la personificación sumada a la extremada polarización ha fragmentado la política a tales niveles que la gobernabilidad en determinados casos, resulta imposible. 

Basta observar las ultimas elecciones legislativas y presidenciales en el Perú en el que la dispersión del voto entre partidos al Congreso y a la Presidencia llegaba a tales extremos que las elecciones se terminando decantado a favor del “mal menor” con niveles de cohesión muy bajos y eligiendo a gobernantes sin ninguna representatividad en el Congreso. El resultado es bien conocido. 

Brasil es tal vez el caso más dramático donde el denominado “centrao” poderoso grupos de congresistas mestizos, mayores y hombres que representan el núcleo duro de poder desde hace unos años, continúan reeligiéndose indefinidamente con escazas posibilidades de renovación. Se trata de legisladores sin ideología definida, ni propuestas programáticas y a la caza de puestos burocráticos a cambio de apoyo en las cámaras. 

Esta aniquilación paulatina de la ideológica y del carácter programático de la actividad legislativa ha erosionado la democracia y hace imposible la representatividad. En el escenario brasileño se constata cómo un sistema de listas abiertas deriva en una batalla en la que miles se disputan por un puesto, pero las chances de cambio estructural son bajísimas, como lo reportaba hace poco Joan Royo Gual corresponsal de El País en esa nación a raíz de las elecciones.   

Por eso, las listas cerradas, aunque no sean la panacea ni vayan a fortalecer los partidos automáticamente, al menos crean un incentivo para que los movimientos se organicen de forma tal, que no sea rentable ni viable, personificar la política. Esta propuesta no debería juzgarse disociada de iniciativas que la complementan como la reducción de la edad para llegar al Senado y a la Cámara de Representantes y el esquema de “cremallera”, esto es la obligatoriedad de listas paritarias, hombre y mujer. Si bien estas no significarán el fin de la discriminación y violencia de género, son un primer paso en la tarea de cambiar estructuralmente la forma de hacer política.     

En los debates sobre la reforma se debe recordar que las normas son apenas un derrotero y que corresponde a políticos y electores convertir esos ideales en una realidad. Las listas cerradas y paritarias, así como la disminución de la edad para llegar al Congreso serían buenas noticias para empezar su renovación. Una tarea urgente e inaplazable no solo en términos nominales (llegada de personas nuevas, pero cuyo proyecto político no trasciende) sino ideológicos, plurales y de partidos o movimientos.

@mauricio181212
Profesor U. del Rosario