Las propuestas de Petro, un golpe a la clase media

Por: José Fernando Torres

@josetorresf en Twitter

La ética de la izquierda, que busca mantenerse en el poder estableciendo un Estado asistencialista, se refleja muy bien en el siguiente reciente tuit de una chilena: “Si tú te matas trabajando ese es tu problema. Hay quienes preferimos leer, jugar videojuegos y estar tranquilos en nuestra casa, y nos merecemos el mismo respeto que todos, todos merecemos pensiones iguales y dignas” y “No se trata de si quieres o no regalar tus fondos, cuando salga la nueva Constitución dejarán de ser tuyos y ya, da lo mismo qué opines o quieras...”

El programa de gobierno de Petro encaja perfectamente en esa ética. No solo pretende expropiar los ahorros pensionales privados, que pertenecen a la clase media, para con ellos entregar un bono pensional de $500.000 mensuales a tres millones de personas -que analizamos en pasada columna- sino que ahora Petro “perfecciona” su idea al proponer lo que llama un “empleo garantizado”, consistente, en sus propias palabras, en “un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera.

No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado. El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios".

Petro no explica de dónde saldrán los fondos ni cuántas reformas tributarias se requerirían. La Silla Vacía (artículo de Juan Manuel Flórez, abril 1 de 2022) refiere que, según datos del Dane, para enero de 2022 había 3,5 millones de personas desempleadas, cerca del triple de los servidores públicos que tiene Colombia actualmente: 1,3 millones. Y agrega que “Los costos para el Estado de sostener este programa, si se les pagara un salario mínimo sin prestaciones a los 3,5 millones de desempleados (el programa habla de “salario básico”) serían de 42,6 billones de pesos al año. Esto es 2,5 veces los subsidios de emergencia que el Gobierno entregó en el primer año de la pandemia para los más pobres.”.

La propuesta de Petro no podría ser más populista y, más allá de los aprietos fiscales que generaría, tendría como efecto inmediato la creación de un ejército de zombies que lo seguirían fielmente para recibir ese salario o, lo que es lo mismo, que le garantizarían su voto para su permanencia en el poder y, al mejor estilo Chavista, sin importar el aumento desmesurado e injustificado del tamaño de la nómina del Estado o si este está en capacidad de pagarlo, sabiendo que será la clase media la llamada a pagarlo.

Petro plantea también cobrar “el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales, eliminando la posibilidad de que las personas más ricas y de mayores ingresos tributen a tarifas preferenciales" y a renglón seguido afirma: "A pagar por dividendos: Los dividendos pagarán impuestos, será obligatorio decretarlos, al menos en un porcentaje cercano al 70%. Siempre deberán pagar impuestos independientemente de la forma en que se distribuyan o a quien distribuyan utilidades los accionistas”.

Con otras palabras, la propuesta consiste en obligar a las empresas a distribuir hasta el 70% de las utilidades y gravar los dividendos con tasas que podrían llegar al 34% o a al 39%. 
Aun cuando menciona en su programa que busca la generación de empleo, el efecto de su propuesta es exactamente el contrario pues termina afectando la libre empresa y la capacidad de generación de empleo por parte del sector privado.

Obligar a distribuir el 70% de las utilidades equivale en la práctica a cercenar o afectar gravemente la posibilidad de crecimiento de las empresas y su capacidad de generación de empleo en el futuro. Las empresas se vuelven grandes mediante la reinversión de utilidades, apropiando reservas para futuros ensanches y es la razón por la cual no suelen distribuir más del 50%. La propuesta va contra la libertad con que hoy cuentan los empresarios para manejar sus empresas e implica que la reinversión de utilidades estaría muy limitada. 

La propuesta de igualar fiscalmente los dividendos a las rentas laborales equivale a borrar toda diferencia conceptual entre ellas, cuando son por su origen y naturaleza bien distintas, distinción que justifica un trato diferencial. Actualmente existe retención en la fuente para los dividendos, que debe ser tenida en cuenta en la declaración de renta respectiva para determinar el impuesto final por pagar, tomando en consideración si los dividendos recibidos tributaron o no en cabeza de la Compañía que reparte los dividendos. La verdad es que no hay razón para gravar los dividendos pues la empresa que los reparte ya pagó impuestos sobre sus utilidades. Hacerlo significa imponer una doble tributación, una en cabeza de las empresas y otra en cabeza del accionista. 

Por otro lado, pretender dar el mismo tratamiento a las ganancias ocasionales es, francamente, una idea descabellada, que no amerita mayor comentario, y que afectará la movilidad de la finca raíz, nuevamente en detrimento de la clase media.

La tasa impositiva de las empresas es muy alta. El país necesita generar empleo y consolidar su recuperación económica, tarea que deben acometer conjuntamente los empresarios, gremios económicos, académicos, el gobierno y aún las centrales obreras si demuestran compromiso con el país. La carga tributaria de las empresas viene dada (i) no solo por el impuesto de renta sino también (ii) por el ICA, que se liquida sobre los ingresos sin importar si la empresa da o no utilidades; (iii) una parte del IVA en aquellas empresas que venden bienes o servicios sin IVA -una compañía de alimentos, por ejemplo-; y (iv) el 4x1000 sobre transacciones financieras; ello sin contar impuestos prediales y otros gravámenes o contribuciones. 

Tomé para esta columna el ejemplo, absolutamente real, de una compañía de servicios que facturó el año pasado más de $1 billón de pesos. Esa compañía paga por concepto de impuestos una suma cercana al 60% de sus utilidades operativas. Es decir, por cada $1,000 pesos de utilidad que esta compañía genera en su operación, aproximadamente $600 pesos se pagan en los diversos tipos de impuestos y la utilidad neta de la compañía es aproximadamente de $400 por cada $1.000 pesos. Visto desde otra perspectiva ello significa que por cada $1 peso de utilidad neta que genera la compañía antes ha pagado $1.5 pesos en los diversos impuestos mencionados.

Golpear a las empresas y a sus accionistas no es sensato. Crear condiciones para generar empleo es, por supuesto, mucho mejor que mantener permanentemente subsidios cuya financiación va a terminar agotando los recursos públicos, incentivando la pereza, ahogando a las empresas, asfixiando a la clase media y matando a la vaca lechera. ¿Será que eso es lo que quiere Petro, acabar también con la clase media?