Populismo punitivo

En el último tiempo, ha hecho carrera la idea de que entre más contundente sea un castigo, más efectivo será su poder disuasivo para prevenir determinadas conductas sean delitos o contravenciones. Basta revisar el pasado reciente, en el intento liderado por la administración de Iván Duque por implementar la cadena perpetua para aquellos que incurrieran en crímenes graves contra menores. 

Tal fue la bandera de la actividad política de Gilma Jiménez (QEPD), senadora que se proyectó políticamente alrededor del endurecimiento de penas para estos delitos y se afirmó justificadamente como una de las pioneras del debate acerca de cómo garantizar los derechos de menores y protegerlos de los crímenes más aberrantes que, desafortunadamente, no dejan de aparecer en las noticias.  

Aunque exista un claro consenso sobre la necesidad de proteger a menores y desincentivar, castigar y disuadir estos crímenes, los castigos no son en esencia la principal respuesta. Algunos crímenes en el último tiempo en Colombia han sido de tal nivel, que es fácil confundir justicia con venganza. El principal riesgo de equipararlas consiste en que la segunda suprime la posibilidad de resocialización de quien ha incurrido en una conducta que provoca un daño grave. El propósito de las penas no solo consiste en el castigo sino en la resocialización. 

La expresión más concreta y contundente de este “populismo punitivo” es la pena de muerte. En 2015 tras el asesinato de cuatro menores en Caquetá, el entonces director de la policía general Rodolfo Palomino, propuso revivir la figura abolida en el país desde 1910. Este punitivismo también se percibe en quienes confían en su poder disuasivo para combatir el abuso de las drogas de entretenimiento y en los polémicos temas del aborto y la eutanasia en los que recientemente ha habido un complejo debate por la posición de la Corte Constitucional de ir despenalizándolos. 

En una muestra de simplismo extremo, quienes confían ciegamente en las penas atribuyen a esta despenalización la supuesta promoción de los delitos o conductas que moralmente puedan ser condenables. Nada más lejos de la realidad. Cuando un Estado decide regular o despenalizar el acceso a ciertas drogas de entretenimiento no esta invitando a los ciudadanos al abuso, solo está evitando asumir como delincuente a quien en uso de su autonomía consuma.  Despenalizar, no es sinónimo de incentivar e incluso no siempre se puede equiparar con legalizar. 

A este simplismo se suma una razón pragmática, la ausencia de resultados de estrategias punitivas. Nada permite llegar a la conclusión que la dureza de los castigos contribuya a mayor seguridad. Vale la pena comparar a Estados Unidos y Europa Occidental, siendo las sociedades más prosperas y con un claro sentido democrático, habiendo en la primera la pena capital y siendo la segunda crítica de la misma que ve como una respuesta a la criminalidad poco compatible con los derechos humanos.

La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en EE. UU. se sitúa alrededor de 7,8, mientras que en Europa llega a 3, menos de la mitad. Los Estados de la federación donde se contempla la pena de muerte tienden a presentar tasas de homicidios más altas, como en el caso de Mississippi, el más inseguro y donde está vigente la pena capital. Al observar un mapa de la inseguridad en la economía más prospera del mundo es patente la relación entre pobreza, exclusión y criminalidad. En sociedades más igualitarias como las europeas, donde existe el concepto de Estado de bienestar y se defiende la idea de un mínimo vital, la criminalidad es mucho menor. 

Los castigos severos dan la falsa ilusión de la efectividad y hacen pensar que crímenes atroces o prácticas que deben desincentivarse por razones de salud pública o moral son facialmente contraíbles. Esta justicia, hermana de la venganza, suele llamarse populismo punitivo, aunque tenga más de demagogia y nada de populista. En Colombia urge una transición hacia una justicia que no solo se exprese en castigos y respuestas policivas, sino en la recomposición de un equilibrio social.

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212