Lo que hay detrás de la extinción de dominio en negocios de venta de libros en Bogotá

En horas de la mañana del lunes 4 de septiembre se presentaron alteraciones del orden público en el centro de Bogotá luego de que funcionarios de la Fiscalía y la Sijín de la Fiscalía adelantaran un proceso de extinción de dominio en establecimientos dedicados a la venta de libros.

Una vez se llevó a cabo la diligencia de decomiso de bienes, comerciantes del sector cerraron las puertas de sus negocios en centros comerciales y salieron a las calles a protestar por la presunta vulneración de su derecho al trabajo.

En medio del procedimiento, la Policía Nacional confirmó que 27.000 millones de pesos fueron decomisados en bienes, por el delito de violación a los derechos de autor.

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La piratería de libros en Bogotá

De acuerdo con Policía Metropolitana de Bogotá fueron seis meses de investigación de la Sijín, la Fiscalía y la Mebog para establecer que en los 23 inmuebles intervenidos “se dedicaban a las finanzas criminales de quienes de  manera sistemática se han dedicado a la piratería de libros”.

Estas diligencias se aplicaron bajo la aplicación de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio en 16 bienes inmuebles y siete establecimientos de comercio, ubicados en las localidades de Santa Fe, Candelaria, Ciudad, Bolívar, Rafael Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal.

Las autoridades indicaron que “estos bienes inmuebles habían sido utilizados para la producción, almacenamiento, distribución y venta de libros reproducidos sin autorización de los legítimos titulares de derechos de autor”.

Una situación que desde hace mucho tiempo estaría afectando, de manera directa, a los escritores nacionales y a las empresas de la industria editorial colombiana.

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¿Cómo operaban las bandas de piratería de libros?

La reproducción de libros pirata estarían afectando a distribuidores, librerías y, en general, a todos los autores de la industria editorial, ocasionando graves perjuicios económicos a la cadena de valor del libro. 

Las autoridades, en medio de la investigación, establecieron que este operar criminal causó un déficit que supera los 57.000 millones de pesos.

Estas estructuras dedicadas a la piratería, para evadir los controles de las autoridades suministraban direcciones de diferentes establecimientos comerciales en las cámaras de comercio para que no se pudieran adelantar las extinciones de dominio.

Por primera vez en Colombia se ocuparon bienes por este delito, lo que permitió afectar las finanzas de estos grupos criminales en un monto que supera los $27.000 millones

Los inmuebles incautados pasaron a recaudo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quienes serán los encargados de administrar y determinar qué pasará con estos predios que por el momento quedaron a cargo del Estado.

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