Contraloría puso la lupa a millonario contrato del Dapre para la adquisición de drones
De acuerdo con el ente fiscal, habría un detrimento por más de $8.000 millones, debido al daño de las dos aeronaves y la falta de pólizas de seguro.
Noticias RCN
11:21 a. m.
La Contraloría General de la República hizo un hallazgo fiscal por más de 8 mil millones de pesos en una auditoría financiera al Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, por la pérdida de recursos en un contrato de dos drones.
De acuerdo con el ente regulador, la adquisición de los drones se dio mediante el convenio 483 de 2021, con el objetivo de “fortalecer la observación, vigilancia y reconocimiento aéreo y espacial sobre las áreas de implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEII)”.
Sin embargo, dicho convenio, celebrado entre el Fondo de Programas para la Paz adscrito al Dapre, la FAC y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, no se llevó a cabo.
Los hallazgos de la Contraloría sobre el contrato de drones
El hallazgo de la Procuraduría sobre el contrato en mención tiene que ver con la supervisión y administración de los recursos entregados para la adquisición y uso de los drones.
Según el ente, se evidenciaron seis modificaciones al contrato, en un periodo de 4 años, que costaron más de 33.000 millones de pesos. Entre ellas se resaltó el inicio de la segunda fase sin la obtención de información aeroespacial.
Asimismo, la Contraloría destacó que el Dapre no exigió pólizas a la CIAC para el uso de los recursos y que la FAC no aseguró los drones recibidos en su inventario.
A esto, se suman las diferencias detectadas en los informes de supervisión y las actas del comité técnico, en las que no se tuvieron en cuenta los informes de la FAC y la CIAC.
Por último, la Contraloría advirtió que no hubo respuesta oportuna frente a los incidentes técnicos graves ocurridos a los drones adquiridos en la fase I, a pesar de los cuales se adquirieron nuevas aeronaves en la fase II.
Millonarias pérdidas en el contrato
La Contraloría también destacó que hubo “desprotección” de los recursos entregados en la fase II, pues no se exigieron garantías por parte del Fondo Paz, ni se aseguraron los bienes por parte de la FAC.
De esta forma, el ente fiscal determinó un riesgo inminente en la pérdida de $38.868 millones destinados a la adquisición de los drones; y un presunto detrimento patrimonial de $8.954 millones por los daños en los dos primeros aparatos, los cuales se siniestraron “sin reportar ninguna información”.
Síguenos en Google News
