Bogotá establece nuevas restricciones para la venta ambulante: vendedores no serán retirados sin una alternativa
El Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público definirá las zonas de aprovechamiento económico en las que el Distrito reubicará a los vendedores ambulantes.
Noticias RCN
08:11 a. m.
El decreto 117 de 2026 de la Alcaldía Mayor, que establece nuevas restricciones para la protección del espacio público y la venta ambulante en Bogotá, generó protestas multitudinarias la tarde del lunes, afectando la movilidad y el desplazamiento de 90.000 personas en el sistema Transmilenio.
La nueva normativa prohíbe el uso y almacenamiento de cilindros de gas en el espacio público sin autorización; la prestación de servicios médicos, odontológicos o estéticos en la calle, incluyendo la realización de piercings, tatuajes o cortes de cabello, y la instalación de puestos de venta a menos de 1,5 metros de hidrantes o en las rutas de evacuación, acceso al sistema de transporte público o puentes peatonales.
Según dijo a Noticias RCN Diego Camargo, jurídico de la Junta de Acción Comunal de Santa Inés Centro, donde se ubica el sector de San Victorino, “llevábamos cinco años exigiéndole al Gobierno que cumpliera sus funciones administrativas. Fueron muchos derechos de petición, tutelas, mesas de trabajo y, al fin, un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca protegió nuestros derechos y el derecho al trabajo del vendedor ambulante vulnerable”.
¿Qué pasará con los vendedores ambulantes en Bogotá?
Tras dar a conocer la noticia, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó que no se trata de un decreto contra las personas vulnerables que ejercen la venta informal en el espacio público, sino una forma de organizarlos, evitando el desorden en los andenes, el trabajo infantil y las violaciones al reglamento de salubridad:
“Ningún vendedor será retirado sin que se le ofrezcan alternativas reales de formalización o reubicación a través del Instituto para la Economía Social (IPES). Queremos una economía popular organizada, que cumpla con estándares de salubridad y que permita recuperar los senderos peatonales y las rutas de emergencia para el bienestar colectivo”.
El Distrito se comprometió a no realizar operativos “intempestivos” para la recuperación del espacio público y a “identificar quiénes son vendedoras y vendedores vulnerables para diferenciarlos de las mafias que pretenden adueñarse de las esquinas (…), las que subarriendan, las que venden o ejercen algún tipo de economía ilegal”.
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Alternativas para los vendedores:
Con el decreto, se van a proteger las zonas especiales de manejo, que la Secretaría Distrital de Seguridad definirá en un periodo de seis meses, a la par que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público definirá las zonas de aprovechamiento económico y los incentivos que recibirán los vendedores ambulantes que trabajen en ellas.
Para los vendedores ambulantes el IPES contempla la relocalización o reubicación en espacios autorizados, el acceso a programas de formación y reconversión laboral y la inscripción en la oferta de servicios sociales y programas de atención integral.
“Nuestra meta”, indicó Quintero, “es que al finalizar este año tengamos un espacio público mucho más organizado, donde prime el respeto por el peatón y se brinden alternativas reales a quienes buscan sustento de manera honesta”.
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