Comienza a operar la Justicia Especial para la Paz (JEP)

La Justicia Especial para la Paz (JEP), incluida en el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la Farc, es un mecanismo transitorio que ha sido creado exclusivamente para conocer las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Está considerada como la columna vertebral del acuerdo de paz y funcionará por un término de quince años, que podrá ser extendido por cinco más.

Esta nueva jurisdicción especial de paz conocerá de los hechos cometidos por agentes de la fuerza pública y miembros de la Farc, al igual que los agentes del Estado que no hayan sido miembros de la fuerza pública y los terceros civiles que se acerquen voluntariamente a la JEP.

A la Justicia Especial para la Paz podrán acceder aquellas personas que se consideren víctimas de "graves violaciones" a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por los agentes del Estado y los miembros de la Farc en razón del conflicto armado.

Dentro de esa categoría se incluyen "aquellos hechos de violencia cometidos en el marco del conflicto armado que pueden ser considerados graves y representativos" como genocidio, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

También se incluyen la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores de edad.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) establecerá sanciones con enfoque restaurativo como trabajos y obras relacionados con el desminado o la reparación de infraestructuras.

La JEP está compuesta por tres Salas de Justicia: la de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad de Determinación de los Hechos y Conductas; la de Definición de Situaciones Jurídicas y la de Amnistía o Indulto.

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