¿Cómo han actuado las instituciones en el caso Petro?

Después de que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenara al presidente Juan Manuel Santos restituir en su cargo al alcalde Gustavo Petro, algunas voces creen que esta determinación podría minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Es el caso del exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien afirma que el hecho de que diferentes tribunales, como el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Bogotá, tomen decisiones contradictorias genera "desconfianza en las instituciones".

"Cuando (los tribunales) toman decisiones simultáneas o sucesivas contradictorias se está generando incertidumbre", señala. 

De igual forma, Cuéllar opina sobre las llamadas 'tutelatones' realizadas por los seguidores de Gustavo Petro para buscar detener las acciones disciplinarias que le dictó la Procuraduría. "No se debe abusar del derecho, sino que los instrumentos se deben usar dentro de un marco de racionalidad". 

Además, el exprocurador asegura que para evitar que se produzcan estos casos se debe pensar en reformar la justicia. "Se deben establecer unos elementos que limiten el uso de las acciones judiciales que permite la Constitución para evitar esta inseguridad jurídica", dice, aunque aclara que no apoya "limitar el derecho a la defensa".

Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry no cree que las decisiones contradictorias que han tomado los jueces y magistrados del país generen desconfianza. "Las instituciones han funcionado de forma correcta, un ejemplo es que todas resolvieron que la tutela no aplicaba en el caso del alcalde".

Según Charry, lo que el país está presenciando es el resultado de una estrategia de Gustavo Petro. "Este es el resultado de la estrategia de defensa del alcalde. Petro utilizó todas las acciones judiciales a su alcance".

Asimismo, el jurista asegura que la inseguridad de la que habla Bernal Cuéllar no es más que un asunto de percepción producido por el desorden con que actuó la defensa de Petro, acudiendo a las diferentes instancias sin seguir el conducto regular.

Finalmente, el analista concluye que si bien se puede pensar en reformar algunos mecanismos judiciales como la tutela, no se debe hacer teniendo como base el caso Petro. "Las posibles reformas deben ser producto de un análisis, me parece mala idea proponer una reforma por un tema coyuntural".

Por otro lado, el presidente del Tribunal Superior de Bogotá, magistrado Eduardo Carvajalino, manifiesta que en el caso Petro no se está produciendo un abuso de la tutela.

"Lo que pasa es que Colombia está en una evolución de los derechos fundamentales", indica el togado, quien además añade que el presidente debió acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

"Él (Presidente) debió asesorarse de la Corte Constitucional. Las decisiones hoy en día se toman mirando el entorno y la comunidad internacional", puntualiza.

En días anteriores el presidente había confirmado la destitución e inhabilidad política que le impuso la Procuraduría a Petro, una vez que el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura habían indicado que la tutela no era el mecanismo mediante el cual el alcalde debía ejercer su defensa ante la acción disciplinaria del Ministerio Público. 

El martes, el Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela a favor de Petro, por lo que el jefe de Estado se vio obligado a restituirlo en su cargo en las últimas horas. 

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