Decisión del Consejo de Estado revive posibilidad de asistencia militar por solicitud de alcaldes durante protestas

En una decisión de segunda instancia, en manos de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se revivió la vigencia del decreto, expedido por el presidente Duque, que faculta a los alcaldes y gobernadores para solicitar apoyo militar en escenarios en los que el orden público lo requiera debido a alteraciones en medio de protestas. 

Esta decisión emanó de un estudio adelantado por mencionada sección del Consejo de Estado, ante una solicitud expresa de la Agencia Jurídica del Estado que advirtió que el referido decreto no representaba una amenaza para los derechos fundamentales de quienes se expresan a través de la protesta. 

La solicitud de la Agencia Jurídica del Estado se dio luego de que el decreto hubiese sido suspendido tras un estudio del Consejo de Estado ante la solicitud de un grupo de ciudadanos caleños, quienes advertían que la intervención del Ejercito, eventualmente podría representar “un riesgo para el ejercicio del derecho a la protesta”, advirtiendo que podría prestarse para la violación de la integridad personal y eventuales desapariciones de manifestantes. 

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En esa primera decisión del Consejo de Estado, que había emanado de la Sección Cuarta, se dispuso la suspensión del decreto, advirtiendo que las manifestaciones sociales no representaban un riesgo para la soberanía nacional, y por ende no habría de ser necesaria la intervención de miembros del Ejército Nacional, recordando que su objetivo primario es resguardar dicha soberanía. 

En aquella decisión se establecía que la atención de esos escenarios de protestas eran competencia de la Policía, advirtiendo que esta podría hacer uso de las detenciones preventivas y más instrumentos dispuestos en las leyes nacionales. 

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Así, esta nueva decisión revive lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el decreto 575, facultando, y dejando a disposición de las autoridades civiles locales el convocar o solicitar la intervención, en calidad de apoyo a la acción policial, de miembros del Ejército Nacional para regular el orden público ante sobresaltos emanados de la manifestación cívica. 
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