En caso de perder demanda con Thomas Greg, canciller y funcionarios pagarían multa: Contraloría
El contralor Carlos Zuluaga aseguró que la decisión viene luego de las múltiples advertencias de la Contraloría sobre el proceso de licitación de pasaportes.
Noticias RCN
02:17 p. m.
El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, lanzó una fuerte advertencia en el marco del proceso que se adelanta entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería por la licitación de pasaportes.
Zuluaga dijo que, si el Estado pierde la millonaria demanda por 117.000 millones de pesos, los funcionarios involucrados deberán responder con su patrimonio, eso quiere decir que se amplía la posibilidad de embargo.
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Contraloría advierte a Cancillería por caso de pasaportes
La determinación viene luego de las múltiples advertencias que hizo la Contraloría al proceso licitatorio y los cuestionamientos hacia la declaración de urgencia manifiesta emitida por Ministerio de Relaciones Exteriores para impedir que se frenara el suministro de este importante documento. Esto, según el organismo de control, fue ilegal.
“El canciller y todos los que han participado en el Comité y han tomado alguna decisión que pueda estar afectando los intereses patrimoniales del Estado colombiano”, dijo Zuluaga. “Tendrán que responder de manera inmediata, cuando nosotros tengamos conocimiento de un fallo, procederemos a un proceso de responsabilidad fiscal en el que se decretarán medidas cautelares”, agregó.
La posibilidad de asumir la multa con el patrimonio de los funcionarios incluiría al canciller Álvaro Leyva y a los miembros del Comité de conciliación.
¿En qué va la batalla jurídica entre Thomas Greg y Sons y la Cancillería?
Thomas Greg & Sons es la compañía que lleva más de 17 años a cargo del suministro de pasaportes en Colombia. Uno de los oferentes de la licitación que se realizó este año denunció que el pliego de condiciones estaba amañado para que dicha empresa ganará el contrato. Estas advertencias llegaron a la Cancillería y al presidente Petro, quien ordenó investigar el proceso y evitar adjudicaciones con un solo proponente.
En medio de todo esto, el canciller declaró desierta la licitación, algo que TGS tomó como un perjuicio a sus derechos económicos y una situación que le podría generar un daño antijurídico. Esto inició un lío legal que tiene como única salida la conciliación para que el Estado no salga perdiendo; sin embargo, la posición de Álvaro Leyva es clara: no va a llegar a un acuerdo.
Por todo lo anterior, Thomas Greg formuló una demanda que implicaría el pago de una millonaria multa para el Estado.