Hidroituango: Contraloría confirmó fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones

La Contraloría General de la República anunció la constatación del fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones, proferido a título de culpa grave el pasado septiembre en contra de 26 funcionarios y contratistas involucrados en el daño al patrimonio estatal evidenciado en las altas inversiones y el cese de lucro en la obra de ingeniería de Hidroituango.

Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría, que negó los recursos de apelación impuestos contra el proceso, ciñéndose a los hechos y daños causados sobre la hidroeléctrica que debía iniciar operaciones en noviembre de 2018.

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Entre los sancionados por la declaración de responsabilidad fiscal se encuentran varios miembros de la junta directiva de la hidroeléctrica, Luis Guillermo Gómez y John Alberto Salazar, ambos gerentes de Hidroituango; Luis Javier Vélez, gerente de EPM-Ituango; Luis Alfredo ramos, exgobernador de Antioquia; empresas como Conconcreto, Coninsa, Ferrovial Agroman Chile, Sainc y Sedic; y el exgobernador de Antioquia y actual precandidato a la presidencia, Sergio Fajardo Valderrama.

Entretanto, la Contraloría falló sin responsabilidad fiscal a favor de Aníbal Gaviria Correa y Jorge Mario Pérez Gallón, y revocó la decisión de desvincular a la aseguradora Mapfre del proceso, asegurando que esta fue una de las responsables dentro del proceso de hacer efectiva la póliza de Hidroituango.

“Las acciones u omisiones de los vinculados a este proceso y finalmente declarados responsables fiscales fueron tan determinantes que, a través de una sucesión de hechos concatenados, conllevaron a que se materializaran los riesgos que terminaron generando un daño al patrimonio del Estado, consistente en la destrucción del valor presente neto del proyecto Hidroituango en cuantía de MÁS DE TRES BILLONES DE PESOS (exactamente $3.157.419.881.218,97) como consecuencia de las mayores inversiones injustificadas que se hicieron”, resaltó la Contraloría.

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Finalmente, el ente de control añadió que a la suma anterior se le unía la pérdida del Estado por el cese de actividades del proyecto. “Del mismo modo, la pérdida de los recursos invertidos en la hidroeléctrica generó una merma en los recursos del Estado, como consecuencia del lucro cesante en cuantía de MÁS DE UN BILLÓN DE PESOS (exactamente $1.173.411.734.008,37) por la no entrada en operación en la fecha programada”, concluyó.